Cada vez más ecuatorianos que permanecen en calidad de indocumentados en los Estados Unidos son obligados a cruzar la puerta de la deportación. En esta ocasión, el turno fue para un grupo de 53 ecuatorianos -49 hombres y 4 mujeres- que llegaron, pasadas  las 21:30 del viernes último a Guayaquil, luego de ser  acusados de residir  de forma ilegal en esa nación.
La Secretaría Nacional del Migrante (Senami) se comprometió a ayudar con el traslado de estos ciudadanos a sus respectivos lugares de origen, siendo la mayoría del Austro. Además, se informó que se los instruirá para que puedan acogerse a los planes de vivienda y capacitación laboral que lleva el Gobierno.
Así lo informó la coordinadora de la Senami, María Celeste Valdiviezo, quien agregó que los ecuatorianos estaban asentados -irregularmente- en las jurisdicciones de San Antonio y Houston, en Texas; York, en Pensilvania; y en los condados de Florence y Eloy, en  Arizona.
Manuel Ayora, quien vivió 12 años en Nueva York, dijo que muchos de los deportados permanecieron alrededor de 3 meses recluidos en distintas cárceles de ese país, antes de su retorno. Afirmó que ahora se quedará en su natal Cuenca (Azuay) para disfrutar de su familia.
 En ese sentido, la escasa atención médica, la falta de asistencia legal,  prohibición de visitas y violación de correspondencia, son algunas de las quejas presentadas  por el grupo de  ecuatorianos que estuvo detenido durante varios meses en una prisión de los Estados Unidos.
Una de esas cárceles es la   de Otero, en el estado de Nuevo México,  aunque hay otros diez centros de Texas y Arizona donde también hay ecuatorianos presos  (se desconoce el total) en condiciones deplorables.
 Otero, dijo Ayora, es una cárcel en medio del desierto donde aún están presos 16 connacionales (10 por su situación irregular en materia migratoria, 4 por cometer  delitos menores y 2 por delitos graves).
Autoridades migratorias de Estados Unidos dispusieron la deportación de los 53 ecuatorianos “por encontrarse en este país sin documentos que acrediten su estatus migratorio regular”, cita el informe de la Senami, cuyas oficinas en el país se encargaron de realizar todas las diligencias para la deportación, “con el objetivo de evitar que los compatriotas permanezcan más tiempo detenidos por autoridades estadounidenses”, agrega el informe.
Antes de ser liberados en territorio ecuatoriano, los deportados debieron someterse a un rápido cuestionario de la Dirección Nacional de Migración (DNM) que determina su situación legal en el país, informó Tannya Varela, jefa de esa dependencia policial, ubicada cerca del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.