Bajo la dirección del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces David Jacho (ponente), Wilman Terán y Dilza Muñoz, este miércoles 24 de junio de 2020 está previsto se instale la audiencia para conocer y resolver los 21 recursos de apelación a la sentencia del caso Sobornos.

El pasado 7 de abril, el tribunal, integrado por los jueces nacionales Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, sentenció a ocho años de cárcel como autores mediatos al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G.

Como coautores, al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M., a los exministros del Gobierno anterior Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S., a la asambleísta Viviana B., al exlegislador Christian V. y a la exasistente presidencial Pamela M.

Como autores directos a los empresarios Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Édgar S., Ramiro G., Alberto H., Teodoro C., Pedro V., Mateo Ch. y William P.

Como cómplice y por ser cooperadora eficaz, la exasistente de Presidencia Laura T. recibió una pena reducida en el 40%, es decir, 19 meses y 6 días de cárcel.

La reducción del 40% de la pena por colaborar con la Fiscalía alcanzó también, como coautora, a Pamela M., quien se quedó con una pena de 38 meses y 12 días de cárcel.

Los 20 sentenciados en esta causa por el delito de cohecho agravado apelaron la sentencia, por estar inconformes. También apeló la Procuraduría General del Estado, que actuó en la causa como acusadora particular.

El trámite del recurso

Al instalar la audiencia, cada uno de los apelantes, a través de sus abogados, exponen las irregularidades y nulidades que, a su criterio, no han sido subsanadas y luego pasan a la valoración de la prueba, que es el fondo del asunto porque constituye la fundamentación del recurso.

El objetivo de las defensas de los sentenciados es que la pena impuesta sea anulada o disminuida, porque consideran que se han registrado irregularidades que acarrearían nulidad.

Para ello, Jorge Luis Ortega, abogado de Walter S., estima que cada defensor tendrá al menos dos horas para hacer su exposición. “Cada abogado debe argumentar en derecho los cargos de apelación”, dijo, al señalar que los argumentos se exponen de manera oral.

“Vamos a ver qué tiempo nos concede el tribunal a los defensores técnicos, aunque no deben imponer un tiempo, ni límite porque los argumentos son de cada defendido, y la ley dice que hay que individualizar cada caso y cada abogado tiene el derecho de decir lo que tenga que decir”, manifestó el jurista Marcelo Dueñas, abogado del sentenciado Christian V.

No obstante, considera que tomando en cuenta la forma como se ha tramitado este proceso del caso Sobornos, con largas jornadas, inclusive cuando el país se encontraba en plena emergencia sanitaria, los recursos de apelación podrían ser evacuados en tres días.

Diego Chimbo, abogado del procesado Bolívar S., confirmó que no acudirá a la audiencia debido a que ha dado como positivo para covid-19, por lo que el lunes pidió al Tribunal de Apelación señalar una nueva fecha para la audiencia. Pedido que volvió a hacerlo este martes 23 de junio de 2020. Descartó la posibilidad de que participe en la diligencia vía telemática.

Este martes 23 de junio se conoció que Fausto Jarrín, abogado de Rafael C., también está contagiado.

Procuraduría busca aclarar la reparación

La Procuraduría General del Estado no está conforme con el monto de la indemnización o reparación, establecido por el tribunal penal que juzgó el caso Sobornos 2012-2016.

Según el fallo, se determinó un pago de $ 14’745.297,16, pero el organismo estatal había solicitado que sea de $ 23,3 millones. Aquello es en consideración de que, si el monto de los sobornos se fijó en $ 7’675.000, este valor se debía multiplicar por tres, conforme lo determina la ley.

Es una de las razones por las que el procurador del Estado, Íñigo Salvador, quien actúa en este caso como acusador particular, interpuso el recurso de apelación a la sentencia. El objetivo es que se revise y se determine cómo y quiénes pagarán el monto por reparación integral al Estado.

De conformidad con el artículo 628, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), “si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación en la infracción como autora, autor o cómplice”.

Los jueces fijaron la pena de ocho años de prisión para los autores, entre ellos el exmandatario Rafael C. y el exvicepresidente Jorge G., por cohecho agravado; además de la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. (I)