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Ecuador, 26 de Diciembre de 2024
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El Telégrafo
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La Procuraduría entregó la petición para la ejecución de la sentencia de Sobornos

La Procuraduría entregó la petición para la ejecución de la sentencia de Sobornos
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El expresidente Rafael Correa y su esposa tienen en Quito la casa número dos del conjunto residencial Serrín del Monte. En Guayaquil es copropietario del departamento 109, en el condominio Centro de la Vivienda.

En cambio,  Jorge Glas y su esposa, tienen dos departamentos en Quito en el conjunto residencial Lomas de Castella. También registra tres propiedades en Atacames que están a nombre de sus hijos.

Mientras Vinicio Alvarado Espinel y su esposa tienen una vivienda en el conjunto residencial Portal del Sol II, en la parroquia de Cumbayá, un terreno en el barrio La Esperanza, en la parroquia del Quinche. Y él es copropietario de un solar en la Urbanización Puerto Azul, en la parroquia Tarqui.

Eso dice en la petición de ejecución de la sentencia del caso de corrupción Sobornos 2012-2016, que presentó ayer la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Corte Nacional de Justicia.

En ese documento están detalladas las propiedades  y vehículos a nombre de los 20 autores y coautores condenados por el delito de cohecho agravado en ese caso de corrupción. La información fue recopilada por la PGE en 12 instituciones del Estado.

El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, compareció personalmente a la Corte Nacional de Justicia para presentar la petición de ejecución de la sentencia de ese caso.

La PGE busca que los sentenciados restituyan al erario nacional los valores dispuestos por el Tribunal en sentencia y cumplan con las obligaciones simbólicas.

La entidad solicita que se proceda con la ejecución de las obligaciones de reparación material para recuperar los activos a nombre de los sentenciados. La PGE tiene la información recopilada en 12 instituciones del Estado sobre los activos de los autores y coautores del caso Sobornos 2012-2016.

El Procurador también solicitó fecha para los actos de reparación simbólica: las disculpas públicas, la publicación de la sentencia,  la colocación de la placa en Carondelet y el curso de ética laica.

Esa institución agotará los mecanismos y ejercerá las acciones previstas en la Ley, para que los sentenciados cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país.

El Procurador dijo que el proceso de recuperación del dinero del Estado es complejo y no puede estimar el tiempo que tomará. (I)

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