Seis de los diez empresarios condenados a ocho años de privación de libertad como autores directos del delito de cohecho son adultos mayores.

La justicia probó que entregaron aportes en efectivo o a través de cruce de facturas, para el pago de bienes a cambio de contratos de obra pública, que eran parte de una estructura delictiva liderada por Rafael Correa. Los recursos se destinaban a fines políticos, personales y electorales del movimiento afín al expresidente.

En mayo de 2019, cuando inició el proceso conocido como el caso “Arroz Verde” que luego fue denominado como “Sobornos 2012 - 2016”, la Corte Nacional de Justicia registró las siguientes edades de los procesados:

Pedro Verduga, de la empresa Equitesa, 80 años; Rafael Córdova, de la compañía Metco, 73 años; Édgar Salas, de Consermin, 72 años; William Phillips, de grupo Azul, 72 años; Bolívar Sánchez, de Sanrib, 68 años y Víctor Fontana, de Fopeca, 67 años.

El jurista Miguel Ángel Angulo explica que los adultos mayores deben cumplir la pena dictada por el tribunal de juzgamiento y que la situación física, de salud o psicológica de los sentenciados deberá ser atendida por otras instancias jurídicas y por jueces de garantías penitenciarias. Por lo tanto deberían cumplir la condena, inicialmente, en un centro de privación de libertad.

Su alternativa es la solicitud de hábeas corpus, para que se les pueda conceder un arresto domiciliario, pero esto solamente se puede hacer cuando ellos cumplan la pena, puntualizó.

“Pero he visto personas con enfermedades catastróficas, con cáncer terminal, a las que les han negado las peticiones de arresto domiciliario”, precisó Angulo.

Solamente el representante de la empresa Equitesa, Pedro Verduga, a través de carta enviada a la Judicatura, mostró su voluntad para cumplir con la pena. Dijo que estaba asilado en una casa de salud en Guayaquil.

De los demás se desconoce el paradero con excepción de William Phillips que, según se ha hecho público, estaría en Estados Unidos y Mateo Choi en Corea del Sur.

El tribunal de ejecución del Caso Sobornos, conformado por Ivan León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela dio un plazo de 30 días para que los 18 autores y coautores paguen una indemnización de 778 mil dólares cada uno, mientras los dos cómplices deberán cancelar 368 mil dólares cada uno. Eso suma 14.7 millones de dólares que equivale al doble del monto detectado como entrega de aportes de las empresas.

Hasta ahora solo el abogado Teodoro Calle, de la empresa Técnicas Generales de Construcción, anunció que su defendido pagará la reparación y que solo espera la confirmación del número de cuenta para consignar los recursos.

El proceso del cobro de la reparación estará a cargo de la Procuraduría General del Estado. (I)