Uno de los tres detenidos en el caso de falsificación de firmas para el registro de partidos y movimientos políticos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) es Fernando Morla Paredes, quien estuvo vinculado directamente a la empresa Ecuasistemas S.A., según datos de la Superintendencia de Compañías, fue su gerente y actualmente es propiedad de sus hermanos.

Esta empresa ofrece servicios para facilitar la documentación de archivos y manejo ágil de la información.

Actualmente están vinculados con la Procuraduría General del Estado y el Hospital Naval, en la página web anuncian que han   trabajado con las empresas Corporación Aduanera Ecuatoriana, Tribunal Supremo Electoral, Comisión de Tránsito del Guayas, Almacenes TIA, Pacifictel, Petrocomercial, Ministerio de Bienestar Social, Universidad de Guayaquil, Junta de Beneficencia Ecapag, entre otras.

Ecuasistemas está registrada en el Servicio de Rentas Internas y en la Superintendencia de Compañías desde el 15 de mayo de 1987. La actividad registrada es de venta al por mayor y menor de equipos de oficina informático, partes y piezas en el SRI y como objeto social en la Súper de Compañías está el comercio de sistemas computarizados.

Al contactar a los representantes de la empresa la jefa administrativa detalló que los tres hermanos accionistas no desean pronunciarse, porque su hermano no tiene relación con la compañía, ni como accionista, ni como dependiente.

En declaraciones anteriores de Julio Morla, gerente general de la oficina en Quito, dijo que este  en 2008 ya contaba con proyectos en carpeta avaluados en 650.000 dólares y apunta a adjudicarse otro.

“La firma está pronta además a suscribir un contrato por 192.000 dólares  con el Gobierno ecuatoriano para automatizar el proceso de censo en el país. En este proyecto, en el cual Ecuasistemas  trabaja  con las soluciones de ReadSoft, la compañía ofrece implementación, soluciones para administración de documentos electrónicos y escáneres”,   detalló el funcionario del negocio.

La compañía trabaja además con un hardware del fabricante estadounidense de equipos de impresión e imagen Canon, informó Morla.

Fernando Morla, según la Fiscalía General del Estado, está vinculado a una  red que presuntamente se dedicaba a  falsificar firmas para el registro electoral que operaba desde Quito. Se enviaba la información del padrón del CNE, vía Internet, a dos intermediarios en Guayaquil. Estos, a su vez, repartían las fichas a otras personas que se encargaban de copiar los datos de filiación de los ciudadanos, de la supuesta adulteración de las firmas, incluso de las huellas dactilares.

Según una entrevista de  Felipe Morla, en radio Pichincha,  la culpa de lo sucedido es de los partidos políticos y no del CNE.

En cuanto a su actividad profesional dijo que “hemos servido a movimientos políticos en control electoral y en 2006 manejamos un software de verificación de firmas, esto tiene niveles de seguridad, pero lo que se blinda es la infraestructura de red”, detalló.

El empresario aseguró que los partidos y movimientos contratan a los contac center que dan este servicio (de recolección de firmas) que son muy criollos y estas empresas contratan a personas que hacen firmar a otras. “Yo lo he visto”, aseguró el empresario, aunque  prefirió mantener la reserva.

Por esto, determinó Morla, el problema estaría concentrado en el Registro Civil. Sobre como se filtró la información manifestó que alguien pudo haber tomado una base de datos y entregarla, que,  justamente, es de lo que se acusa a su hermano.

Inviolabilidad de la cédula

Byron Saona, gerente general de Deltacom, informó que lo que se necesita en el país es un sistema que constate la identidad de las personas para evitar falsificaciones.

“Se puede grabar en una base de datos cuando el equipo lea la información de la cédula y va acompañada de la huella digital para evitar las suplantaciones de identidad”, detalló Saona.

El empresario acotó que espera que el Gobierno sea el primero en implementar esta verificación, que puede también ser aplicada en hospitales.

“Con la inversión que ha realizado el Gobierno  se puede utilizar el chip con otros servicios, como incluir los datos de salud, como tipo de sangre o alergias, todo puede ser leído por la máquina que estamos ofreciendo”, detalló.

Saona dijo que está tocando puertas para ofrecer la alternativa. Aunque según la ley estos datos deben ser manejados por el Estado, a través de la Dirección Nacional de Registro y Datos Públicos (Dinardap) y no por  personas particulares.

Según consta en el artículo 6 de la Ley queda establecido que los datos públicos no pueden ser divulgados sin permiso del ciudadano. Y que serán manejados exclusivamente por la Dinardap.

Entidad que entre sus objetivos tiene previsto proporcionar al ciudadano cinco servicios registrales en línea (manejo documental electrónico, certificado electrónico, notificación al ciudadano a través de SMS, correo electrónico y solicitud de servicios vía web), que se esperan implementar en este año.