El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un deber enorme y delicado: explicarle a todo el Ecuador, en detalle, con absoluta transparencia, qué  pasó realmente con el lío de las firmas. No basta con decir que los partidos se equivocaron o que el sistema informático no funcionó como debía. Hace falta absoluta claridad y precisión en las respuestas y en las explicaciones.

Igual para los partidos y movimientos políticos, para todos sin excepción. Hasta ahora no pasan de dos o tres los que exhiben sus archivos y sus fichas. Incluso, en el que más adherentes tiene hay fallas que deben ser explicadas, pues se trata de un asunto de fe pública, y eso, aunque suene a lugar común, es tan importante como las mismas elecciones para las que se preparan esos actores políticos.

El problema de fondo ya no es si el CNE explica el problema o si los movimientos y partidos aclaran o  denuncian  los errores cometidos. Ni siquiera se trata de hacer una reforma legal, cambiar el sistema informático o  reprogramar el calendario electoral. El mayor reto político para todos  es con qué cara van a salir a buscar más firmas aquellos que  no tienen las exigidas por el Código de la Democracia.

¿O esperarán que las falseadas sean las que ratifiquen la condición de actor político y con ello vayan a las urnas a exigir el voto a los ciudadanos? ¿Hasta dónde vamos a aceptar los ecuatorianos, que fuimos objeto de un delito al usar nuestro nombre y firma, que esos movimientos participen en un proceso electoral para cambiar a las más altas autoridades? ¿Creen que somos, como los tiempos de la partidocracia, invitados de palo a una disputa donde ellos no han garantizado ningún gramo de ética democrática?

Con culpar al CNE los dirigentes de la oposición de derechas e izquierdas creen lavar sus pecados y victimizarse. ¿No causa tristeza y hasta amargura ver juntos a César Rodríguez con Mauricio Rodas o a César Montúfar con Luis Villacís entonando la misma consigna sin ningún recelo?

Esa ha sido su conducta política en los últimos años: todo es culpa del Gobierno y de los organismos del Estado. Ellos  hacen “bien todo”, tanto que son incapaces de reconocer, con la misma transparencia que demandan al resto, cuánta responsabilidad tienen en este lío o escándalo, según se vea. Y para más: quien desgobernó el país durante seis meses y fue defenestrado más por la movilización popular que por una jugada jurídica para poner al mejor exponente de la “maniobra” en el poder, ahora es quien demanda ética, conducta responsable y transparente, para insistir en lo mismo: tomarse el poder para él y su familia.

En privado, esos analistas puntillosos contra el Gobierno confiesan: los partidos políticos tradicionales no cambian, siguen siendo esos grupos mercantiles, corporativos, clientelares y poco éticos para hacer política de verdad y de cara a la gente. Y es cierto.

Cuando cuestionan a la Asamblea Nacional porque no ha modificado sus prácticas, porque se hacen escándalos y se gritan como callejeros vulgares, lo que no mencionan los medios y los “analistas” es que los protagonistas de eso son los mismos militantes de la partidocracia y de uno que otro que se vinculó al movimiento PAIS. Se olvidaron de que el Ecuador que  demanda la ciudadanía es otro y ha puesto el nivel del debate a la altura que ellos jamás llegarán con sus gritos y neuronas.

De ahí que, insisto, con el Informe a la Nación del pasado 10 de agosto se evidencian dos realidades que no hemos sido capaces de destacar por sanidad pública.

Por un lado están las cifras, los proyectos, las evaluaciones y las visiones de un conjunto de ministros y técnicos. En eso se observa un país que camina, corrige, avanza, proyecta, se expande y pone en otra dimensión la realidad para someterla a la evaluación ciudadana. En esa dimensión hay muchas cosas por hacer todavía, sobre todo, como lo reconoció Rafael Correa, erradicar la pobreza.

No forma parte de nuestra identidad, no puede seguir siendo una marca nacional. Y por lo mismo, aunque se haga bastante y con mucho sentido de responsabilidad, es insuficiente mientras la pobreza agobie a miles de ecuatorianos.

¿No es parte de la pobreza que una empresa, como Gran Tauro, que publica la revista Vanguardia, no quiera incorporar en su personal a personas con capacidades especiales?

Esa pobreza también  se sostiene en la baja calidad de la política que exhiben y hasta hacen gala los opositores de izquierdas y derechas ahora más unidos que nunca, aunque recelen por la misma precariedad de sus diálogos.

Del otro lado está el montaje político, en complicidad con ciertos medios de comunicación, para sembrar de dudas y sospechas todo quehacer. Es muy sintomática la sintonía entre los editores, jefes de redacción, caricaturistas, editorialistas y líderes de la oposición. Basta oír y ver programas de radio y TV donde el “entrevistador” es más opositor que su entrevistado, donde sugiere estrategias y hasta hace gala de su sapiencia histórica para dar consejos a los “nuevos” políticos. Y para más: basta leer las decenas de “twitts” de quienes se declaran periodistas libres e independientes para saber que su independencia llega hasta la puerta de la partidocracia.

En esa otra dimensión se agenda una línea política de oposición donde no cabe un solo reconocimiento a lo bueno de la gestión, y mucho menos cabe un nivel de autocrítica a su propia acción política y editorial.

No cabe duda de que sostener el esquema de firmas fraudulentas consagraría una conducta que ya fue sancionada por la ciudadanía en las urnas. Y haría mucho mal al país que el CNE, -por hacer menos olas  que agobien al país- santifique el fraude. Ninguno de los partidos y movimientos que se declaran nuevos, sin mácula, ha podido demostrar, ni en encuestas ni en las urnas, cuánta credibilidad o capacidad de convocatoria tiene. Y eso revela el número de firmas recogidas.

A PAIS, en cambio, le corresponde, aparte de mostrar, como ya lo ha hecho, sus archivos, corregir las fallas en la inscripción, desatar la mayor movilización política (de ideas y de acciones) para  sostener un proyecto político que no es de su propiedad. Millones de ciudadanos aportaron para que cada artículo de la nueva Constitución se cumpla, para que los anhelos y los proyectos logrados se defiendan con apego a la ley y al sentido de responsabilidad pública.

La democracia no es un negocio y el costo pagado por la ciudadanía no se puede perder por la ambición de la partidocracia, y menos de unos cuantos banqueros y negociantes que estarían detrás de todo este “tinglado”.