La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) destruyó las construcciones irregulares ubicadas en la cooperativa Luz Bolivariana, en el cantón Durán.   

Este predio fue visitado en 2010 por el presidente de la República, Rafael Correa, quien les comunicó a las personas que habían comprado lotes allí que esos terrenos eran de propiedad del Estado, por lo que debían desalojar.

El ofrecimiento presidencial era ayudar a los estafados en el proceso judicial para que, luego de capturar a los responsables, recuperen su dinero, además de brindar las facilidades para la reubicación.

Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría antes mencionada, detalló que las personas no han hecho caso a la advertencia y que las construcciones han aumentado significativamente. “En 2010 contabilizamos 46 asentamientos y ahora hay 146. Estaban advertidos e igual construyeron”, reclamó.

Este predio es parte de una antigua hacienda que, según un documento emitido por el Registro de Propiedad del cantón, pertenece al fideicomiso Nudepag. Los terrenos, de 201.468 metros cuadrados de extensión, fueron asumidos por el Estado luego de la crisis bancaria de 1999. Por ello deben ser vendidos para pagar a los perjudicados.

Durante el operativo estuvieron presentes dos funcionarios del Banco Central (propietario del terreno). Ellos no ofrecieron declaraciones, ya que solo se hicieron  presentes para comprobar el desalojo.

Los afectados estuvieron desde muy temprano en la vía principal para abordar a Quiñónez y persuadirlo de que no derrumbe sus construcciones. “Queremos negociar, que nos digan cuánto costará y seguramente entre todos podremos comprar el terreno”, propuso Geovanni Toapanta.

Mientras las autoridades esperaban que llegara la maquinaria pesada, los ánimos se caldearon. Cuando arribó la retroexcavadora los ciudadanos impidieron que ésta avanzara, pese a la presencia de los uniformados, y se enfrentaron con gritos a Quiñónez.

El funcionario entonces pidió refuerzos policiales y otros tractores más grandes. “Por gusto empeoran las cosas, de aquí no me voy a ir hasta que se cumpla la disposición”, insistió. Para él, las personas que han adquirido los lotes no son personas que aspiran a una vivienda tipo social. “Miren los tipos de casas. Aquí no hay viviendas de caña, ni siquiera viven en el lugar”, manifestó.

Muchos resaltaron que en el sitio habían carpas, en las que estaban personas que vendían los terrenos notarizados. “Yo jamás pensé que sería una estafa, yo tengo documentos y recibos de las cuotas que he pagado”, afirmó Martha Eras, quien aseguró  que trabaja vendiendo verduras en un mercado.

José Bajaña compró los terrenos en 7.000 dólares y buscó un  acuerdo con las autoridades. Toapanta, en cambio, pedía explicaciones a las autoridades para conocer cuál será el destino del predio.

En la cooperativa hay 1.250 socios. Janneth Cedeño dijo que desde hace tres meses les quitaron la energía eléctrica y tampoco tienen servicios básicos.

En medio del operativo un ciudadano fue detenido y como opuso resistencia fue arrastrado por los policías, quienes lo ingresaron a la fuerza a una camioneta.

La Stpahi informó que  en compañía del comisario Félix Timochengo, se trasladaron hasta los predios  y detectaron el inicio de infraestructuras de caña y cemento con fines de vivienda (paredes, pilares, cerramientos) y por ello se les notificó que serán derrumbados.

En esta ocasión fueron derruidas 20 construcciones, pero aún faltan 126. El operativo continuará en los próximos días.