La sorpresa se refleja en las caras de los moradores de la cooperativa Divino Niño y de la lotización San Luis cuando ven ingresar al sector camiones con militares y sus escudos, agentes policiales y camionetas de la Gobernación del Guayas.

La escena es familiar para los que viven en el sector, tanto, que una moradora que camina por la vía de ingreso hacia Ciudad Victoria llama desde su celular a algún conocido.

Esta situación ya es común en los alrededores de Monte Sinaí. Según el presidente Rafael Correa, se considera zona de seguridad nacional, por lo que nadie puede construir una vivienda más.

Al ingresar por una calle estrecha al lugar, donde varios militares han identificado en sus planos las casas que violan este decreto, los habitantes comienzan a aparecer.

En el operativo participan miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF.AA),  con una máquina cargadora y varios camiones. También asiste el comisario cuarto de Policía, Eduardo Pérez y otros funcionarios de la Gobernación del Guayas.

Empiezan las acciones de notificación y desalojo por parte del ente ejecutivo provincial, esto como parte de sus  intentos para controlar la proliferación de invasiones y la venta ilegal de tierras. Es una actividad que se viene realizando desde que se firmó el decreto 607, hace dos años. “A veces vienen con sellos del Municipio, pero no dejan ver los papeles, ni nos entregan recibos de haber pagado.

Dicen que recién nos van a legalizar y que nadie nos puede sacar porque la tierra es privada", comenta indignada Verónica Farías, moradora de Divino Niño, al referirse a los traficantes de tierra y ver demolida la edificación cercana a su vivienda. “Eso es lo que son, ya me cansé, si me van a botar los traficantes de tierra, que lo hagan”, comenta.

Ella, junto a otros moradores, reclama su derecho a quedarse viviendo ahí, pues ya tienen más de 4 años y ya han levantado sus casas en esos terrenos.

Con temor al inicio no querían identificarse o divulgar los nombres de quienes les vendieron los lotes de terreno con el pretexto de que son tierras privadas. Los traficantes les dijeron que ellos, al comprarlas, vienen a ser los nuevos propietarios.

Verónica, ya sin miedo a las represalias al ver que la retroexcavadora continuaría tumbando casas, dice que los traficantes de tierra son Ketty Desiderio, en la lotización San Luis, y el abogado Pedro Martillo, por la cooperativa Divino Niño.

Entre tanto, el comisario Pérez, junto a militares preparados para cualquier desmán, suben la loma para encontrar y tumbar más viviendas que tienen menos de dos años.

Conato de enfrentamiento

El enojo de los moradores, en especial de los supuestos dueños de los terrenos, aumenta al ver que sus viviendas ahora son escombros.

Pérez les explica con paciencia que hay un decreto presidencial por el cual no se puede construir en zona de seguridad nacional, que abarca a Monte Sinaí y los alrededores de Ciudad Victoria.

El comisario, que está en representación del Intendente de Policía, ahora llega hasta una nueva ubicación. Esta vez da la orden a los militares y policías de formar un cordón de seguridad, cerrando los accesos para que los habitantes no interrumpan el operativo ni tengan reacciones violentas contra los gendarmes.

Tumban tres casas más que se encontraban una a lado de la otra. La indignación de las familias del sector incrementa, se acercan de forma agresiva. Al ver esto, los militares levantan sus escudos para proteger a las autoridades.

Eduardo Pérez indica que el operativo se basa en el censo realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Miduvi), donde se ubicaron todos los nuevos asentamientos menores a dos años y por ende deben ser desalojados y demolidos.

El funcionario de la Gobernación recuerda a los moradores que sólo se demolerán las construcciones en proceso o que ya habían sido identificadas. En este caso, y hasta el mediodía de ayer, se derribaron cinco casas.

Asimismo Pérez explica que en este operativo se empezará a notificar a los moradores para que se muevan de esos terrenos que están registrados para uso agrícola. Ellos deberán  demostrar, con papeles, su legalidad. Se les dará siete días, desde el recibimiento de la notificación, para que se trasladen a otro sitio.

“Se basan en el decreto 607, pero no muestran nada”, reclama Wendy Ramírez, con lágrimas en los ojos al ver la máquina cargadora que derrumba las paredes de la vivienda que construía.

Dice la perjudicada que San Luis está fuera de la zona de seguridad nacional y explica a un funcionario que su vivienda tiene 4 años en ese terreno, solo que no han terminado de construir.  Eso no impide que la máquina destruya lo que llamaba su nuevo hogar.