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El Telégrafo

La Ley de Datos Personales se creó para proteger a usuarios

21 de septiembre de 2019

¿Quién no ha recibido una llamada telefónica en la cual ofrecen la venta de un  servicio? Difícil creer que nadie, al menos quienes tienen un teléfono celular, aunque también ocurre en los teléfonos fijos de las casas o de las oficinas. El Gobierno Nacional, por intermedio del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dejó en manos del presidente de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley sobre Datos Personales, un anhelo pendiente que al fin se puede hacer realidad -ojalá- en el menor tiempo posible.

Como explicó el funcionario, “con esta ley los ciudadanos podrán, por ejemplo, exigir a los call centers que retiren sus datos de la base que poseen para no seguir recibiendo sus llamadas”. La realidad actual es que esos centros de llamadas, que dicen representar a empresas a las cuales nunca les proporcionamos nuestros datos, llaman insistentemente para vender o promocionar un producto. Con el cuerpo legal se acaba también el mercado negro de bases de datos que, como se conoció esta semana, 20 millones de datos fueron filtrados con el afán de ser negociados.

Nuestra información -incluso la intimidad- fue vulnerada y quedamos expuestos a que sea utilizada, eso constituye un delito, cuya sanción debía estar regulada en una ley. La realidad es que desde 2008 se garantiza y reconoce el derecho a la privacidad, pero no teníamos una ley de protección de datos. Entre las sanciones se contempla un llamado de atención y luego una multa del 17% de los ingresos totales de las empresas que difunden los datos.

Graves transgresiones a la dignidad de las personas, perjuicios a la economía, ausencia de transparencia y democracia, a todo eso estábamos expuestos por la ausencia de la ley, cuyo proyecto fue entregado el jueves a la Asamblea. Si individualmente causó indignación que los datos personales hayan llegado a empresas que no conocemos, ahora se puede apreciar mejor lo que significa que a una persona le roben un correo electrónico personal con fines perversos, o para los Estados, haber sido víctimas de la piratería informática. (O)

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