La crisis económica de España revela otros fenómenos que son latentes en el mismo sistema y en su democracia, que en realidad es una monarquía constitucional. El principal, como lo prueban ahora las denuncias de corrupción, es que la llamada clase política tradicional ha perdido la credibilidad, la legitimidad y el respeto de sus ciudadanos. Tanto que parece imposible que sin un remezón o una sacudida política de fondo se pueda volver a establecer un pacto o acuerdo nacional para afrontar y superar los graves problemas por los que ahora atraviesa.

Sometida a un modelo que en América Latina significó más pobreza e inequidad, España está obligada a revisar los cimientos de ese modelo para poder afrontar sus responsabilidades sociales y políticas de toda la ciudadanía. Y para que eso ocurra las autoridades y los dirigentes partidistas deben entender la gravedad de la crisis, por encima de sus disputas y rivalidades. En general, toda la clase política es responsable de lo que sucede. Por eso no es extraño ya escuchar en boca de los “Indignados” la consigna que en Argentina y Ecuador llevó a otros cauces y procesos políticos: “¡Que se vayan todos!”.

No estamos para dar consejos sino para reflexionar, pero también es cierto que en ese país viven decenas de miles de ecuatorianos y, por lo mismo, en calidad de seres humanos, sí hace falta una reflexión colectiva, solidaria y sincera para demandar la mayor y mejor sabiduría. Si eso conlleva medidas o recetas radicales, como ya pasó en nuestra región, bienvenida la discusión para elaborar las mejores propuestas.

En realidad, lo que ocurre ahora en España con las denuncias de supuesta corrupción de su jefe de Gobierno, insistimos, solo revela otros problemas de fondo que apuntan a un diagnóstico mucho más real del modelo de democracia, de sistema político y de prioridades para la ciudadanía en general.