El proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que reemplaza a la propuesta de Ley de Crecimiento Económico archivada hace una semana, recoge muchas de las observaciones de los asambleístas que la analizaron. Además, tal como lo pidieron, solo incluye a las reformas tributarias.

Se mantiene la remisión de intereses, multas y recargos para los estudiantes que han caído en mora con sus créditos educativos. También se piensa en los agricultores que no han podido saldar sus pagos pendientes en la banca pública y en otros incentivos para aumentar su productividad.

Se recoge el pedido de varios años de los empresarios de eliminar el anticipo al Impuesto a la Renta, así como otras medidas para agilizar el sistema tributario. El Ejecutivo también aceptó que el impuesto a las bolsas plásticas no sea de “un solo golpe”, sino que se aplique progresivamente cada año.

Sin embargo, el Gobierno no puede ceder en todo y por eso pide corresponsabilidad a todos los actores que son parte de la economía. En ese sentido, es firme en que las 10.000 empresas que generaron ingresos mayores al millón de dólares en 2018 paguen una contribución especial durante tres años.

Y que las personas que tengan ingresos netos por más de $ 100.000 al año no deduzcan sus gastos personales del Impuesto a la Renta, salvo que presenten casos de enfermedades catastróficas. También sigue la propuesta de gravar con 10% a planes de telefonía celular pospago para personas naturales.

Con este proyecto de ley se espera una recaudación de alrededor de $ 600 millones para el próximo año. Esa cantidad, si bien no salva la economía, sí permitirá reducir en algo el déficit fiscal. Eso se traduce en que no falten ingresos para sostener los servicios ciudadanos y para dinamizar la economía en general.

Está previsto que el pleno debata el proyecto el 29 de noviembre. El desafío es un análisis responsable basado en las necesidades económicas del país y no de los intereses políticos de cada partido. (O)