Una máxima económica señala que la competencia es deseable en cualquier situación o sistema. Se considera, por ejemplo, que la llegada de un nuevo proveedor propicia el mejoramiento de la calidad y el abaratamiento de costos en la entrega de mercancías o servicios, lo que redunda en beneficio de los clientes de dichos productos.

Esto es aplicable, también, en los sistemas de contratación pública, tratándose del manejo de recursos de propiedad ciudadana, lo cual exige que su utilización sea pulcra al máximo.

Por ello resultan alentadores los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) respecto al incremento, en el país, de procesos de contratación regulares (del 46% al 78,7%) y la reducción de los procedimientos de tipo especial o emergente (del 53% al 21%).

Durante el Gobierno pasado se usó y abusó de este último recurso, en el que se ejecuta una contratación directa sin concurso, con el argumento de la necesidad de ejecutar obras y asignar servicios en el menor tiempo posible.

Esta modalidad, sin embargo, es permeable al incremento de costos y al direccionamiento de contratos hacia determinados proveedores, lo que facilita el cometimiento de actos de corrupción.

El régimen común, en el que participan varios ofertantes (competidores) en la licitación, baja el costo de los contratos públicos hasta el 50%, de acuerdo con cálculos del propio Sercop.

Según datos entregados por la entidad a este diario, la meta de ahorro con la reducción de contrataciones por Régimen Especial para este año está por cumplirse. Entre enero y noviembre se economizaron $ 347,6 millones.

Y la directora del organismo, Silvana Vallejo, considera que el objetivo de que el Estado ahorre $ 400 millones en 2019 se cumplirá hasta el 31 de diciembre. De esa manera se propende a lograr un uso más eficiente y pulcro de los recursos estatales. (O)