La tarde del 16 de abril del 2016 se quedó para siempre en la memoria de Anita Álvarez. Ella vivía con su madre en el edificio Los Almendros, sector del Estadio Reales Tamarindos, y con el terremoto toda la estructura se fue al piso. Recuerda que varios vecinos de ella fallecieron y otros que sobrevivieron quedaron a la espera de la ayuda, que según ella, hasta ahora no llega.

“Tras el terremoto nos ofrecieron construir algunas plataformas para poder edificar nuestras viviendas, pero quedó en nada. Nunca hubo un compromiso firmado, todo fue de boca”, dijo la mujer que ahora vive con su padre.

Ella indica que las personas que recibieron dineros para la reconstrucción tienen que asumir las responsabilidades.

“Los miembros de la Comisión de Reconstrucción son los responsables. Con el dinero dieron prioridad a otros proyectos y no a las viviendas. Todo eso está en la Fiscalía y se tiene que seguir averiguando”, insistió.

Luego de superar esta emergencia, iniciarán una demanda internacional. “Mi madre ha movido mucho con los migrantes para que se aclare este problema, porque ellos también dieron su aporte y nunca transparentaron los dineros”, indicó.

Una cosa similar sucedió con Cristóbal Noboa, quien vivía en Manta pero por la falta de ayuda tuvo que salir de la ciudad. El 16 de abril dijo que su casa se fue al piso, se quedó sin su vivienda, pero salvó la vida de todos sus hijos y esposa.

Luego le hicieron creer que le iban a construir una nueva casa, pero nunca se hizo efectivo.

Las prioridades quedaron rezagadas
En un informe, la Comisión Anticorrupción con sede en Manabí (CNA) indica que el Comité de Reconstrucción no priorizó la edificación de hospitales, por ejemplo, pero sí se hizo la autopista Manta-Colisa y las Vegas, con un monto asignado de $ 83 millones de dólares.

También se dio preferencia al Parque de las Vegas en Portoviejo con una inversión de $ 10 millones, lo que da un total de $ 93 millones.

Los proyectos que eran emergentes como la construcción del hospital Rodríguez Zambrano en Manta, que tenía un precio referencial de $ 25’946.688,32 y con capacidad para 183 camas de hospitalización y 20 para la Unidad de Cuidados Intensivos, nunca se hizo.

El hospital básico de Pedernales que se proyectó con un presupuesto de $ 16’429.512,52, con capacidad para 30 camas de hospitalización y cinco para cuidados intensivos, tampoco se puso en marcha. Igual el hospital Miguel H. Alcívar en Bahía de Caráquez, que tenía un presupuesto de $ 26’931.848,28, con 80 camas de hospitalización y 10 para cuidados intensivos; y el hospital Napoleón Dávila en el cantón Chone, a un costo de $ 50’312.053,38, con capacidad para 120 camas de hospitalización y 15 para cuidados intensivos, solo quedó en proyectos.

Según un manifiesto de la CNA, “tan solo con dos proyectos priorizados por el Comité de Reconstrucción y su Secretaría Técnica, que no revestían las condiciones de emergencia, hubiésemos alcanzado a cubrir el 90% de la inversión de cuatro proyectos de infraestructura hospitalaria afectada por el sismo y que en la actualidad ante la crisis de emergencia sanitaria de Manabí, estuviera cubierta en atención hospitalaria” se dijo, agregando que estas obras sí eran de interés prioritario.

Según Julio Villacreses, Comisionado-Coordinador del Comité Anticorrupción con sede en Manabí, se tenía previsto hacer una marcha contra la impunidad por todas estas situaciones y pedir sanciones porque “aún gozan de libertad los miembros del Comité de Reconstrucción  y Reactivación Económica”.

De esta forma solicitaron que el contralor general del Estado, Pablo Celi, reconsidere el recurso de Revisión 059440 del 13 de septiembre del 2019, “el cual deja en la impunidad a los correístas que conformaron el Comité de Reconstrucción, los que según el acta del 22 de mayo del 2017, presidida por Jorge Glas y certificada por Carlos Bernal, aprobaron ya obras iniciadas y no prioritarias por un valor de $ 2.940 millones, legalizándose casi 600 contratos que ya estaban en ejecución, todo esto aprobado a 48 horas del cambio de Gobierno” se dijo.

“Esta (la vía) viene a ser la obra más cara que se haya construido en Ecuador”, dijo Villacreses y agregó que la auditoría “sospechosamente no ha terminado”.

Villacreses indicó que la construcción de puentes en el cantón Jama también ha sido cuestionada. “Los puentes fueron hechos con recomendaciones técnicas pos terremoto”, indicó (I)

Recaudaron más de $ 3.500 millones y no llegó la ayuda
Pavel Villamar Mendoza, perjudicado y asesor de los damnificados, dijo que la situación no debe quedar en la impunidad.

“Solo en la cuadra donde vivía mi madre murieron 20 vecinos”, recordó e indicó que durante algún tiempo se hicieron varias protestas, tanto por la vía legal, cuanto por la administrativa.

“El alcalde, Agustín Casanova, reelecto, a más de que perdimos a nuestros familiares nos quiso expropiar nuestros terrenos, lo que es algo horroroso”, dijo.

Según Villamar, se recaudaron alrededor de $ 3.500 millones de dólares, al decir de él cifras emitidas públicamente y las mismas estaban destinadas para la reconstrucción y también para reactivar la producción.

Para el dirigente de los comerciantes de Portoviejo, Ignacio Navia, que perdió su negocio en el terremoto, tampoco el dinero fue para la reactivación comercial. “Muchos comerciantes cayeron en la Central de Riesgos, perdieron sus propiedades, su capital de trabajo”, indicó. Navia también señaló que la alcaldía no implementó ningún plan para la reactivación, “más bien se reabrieron calles sin ningún tipo de planificación, con estudios mal hechos”, manifestó. Dijo que seguirán en el reclamo. (I)