El 16 de abril de 2016 nos cambió la vida. Esos 75 segundos en los que primó el terror, dejaron una huella de destrucción y dolor inmensurable que solo se compara con lo que vivimos actualmente con la pandemia de covid-19.

También nos dejó enseñanzas, como que somos profundamente solidarios, que con trabajo no hay adversidad que no podamos superar; y que no estábamos preparados para un desastre de esa envergadura.

Según cifras oficiales, a causa del terremoto 671 personas fallecieron, nueve desaparecieron, alrededor de 70.000 viviendas y edificaciones fueron total o parcialmente dañadas y más de 12.000 personas tuvieron que albergarse en refugios temporales.

Hoy, a cuatro años de la tragedia, algunas familias siguen sin recuperarse.

El seísmo ocurrió en un momento complicado para las finanzas de Ecuador. El precio del petróleo -la principal fuente de ingreso del país- rondaba los $ 40, lejos del umbral de los $ 100 que permitieron el despilfarro de la administración anterior.

A falta de dinero en las arcas nacionales para atender a las víctimas, el expresidente Rafael Correa impulsó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción, la cual, entre otras cosas, aumentó el IVA al 14%, gravó nuevas contribuciones a grupos empresariales y a la clase trabajadora.

Las medidas económicas inyectaron cerca de $ 1.600 millones que debían destinarse a la recuperación de las zonas afectadas. En total se canalizó más de $ 3.500 millones para esta labor.

En aquel entonces, el aparato propagandístico del correísmo alejaba las luces de los sectores desatendidos, de las historias de angustia, y centraba las cámaras en paisajes producidos, en viñetas que vendían popularidad.

Sin embargo hoy, tras 102 Exámenes Especiales de la Contraloría General del Estado (CGE) -cinco de ellos con indicios de responsabilidad penal-,  dan cuenta del inadecuado manejo de los fondos públicos.

Uno de estos informes (DNA2-0036-2018), establece en sus conclusiones que se pagó anticipos a contratistas para obras de construcción y rehabilitación de viviendas, sin contar con la documentación necesaria.

Fueron $ 9’664.320 los que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) transfirió a 10 contratistas para ejecutar soluciones habitacionales para los damnificados.

Las obras debían sustentarse en formularios de postulación, convenios de donación, contratos de reparación o construcción, fichas de evaluación de daños, entre otros; sin embargo, la auditoría observó que en 549 expedientes, la documentación estaba incompleta.

El mismo documento reveló que constructoras recibieron anticipos de hasta el 70% del valor por reconstrucción en terrenos propios y reparaciones de viviendas recuperables en Manabí y Guayas, obras que en algunos casos no se ejecutaron y en otros se entregaron incompletas.

En una de las anomalías halladas, seis constructoras recibieron 251 anticipos por un valor de $ 1’906.688, pero luego de 19 meses del terremoto (noviembre 2017), las obras no tenían ningún avance, por lo que no habían sido entregadas a los beneficiarios.

En otra, el Miduvi transfirió otros 11 anticipos ($ 2’306.743,04) para 407 soluciones habitacionales en las mismas condiciones que, en cambio, fueron entregadas incompletas, por lo que no se devengaron la totalidad de los anticipos.

Solo por estos tres rubros, se dispuso de $ 13’877.751,04 de forma irresponsable y 658 familias resultaron perjudicadas al no obtener sus viviendas. Otras de las irregularidades halladas fue el pago anticipado por trabajos complementarios que nunca se hicieron y de los que no existen ni siquiera contratos firmados.

Un ejemplo fue el desembolso de $ 62.720 a un constratista por la instalación de biodigestores en 40 viviendas en Manabí, trabajo que se cobró pero no se realizó. Las auditorías determinaron que estos contratos ni siquiera fueron firmados por el constructor sino únicamente por los damnificados.

Otro fue el pago de $ 11.704,83 por tres paneles eléctricos en el reasentamiento Jama Don Juan, que tras una reestructuración de la obra no eran necesarios, pero que de todas formas fueron facturados. Estos nunca se colocaron ni tampoco se pudo comprobar físicamente su existencia.

El uso de dineros exclusivos para la reconstrucción en otras obras no emergentes en Manta por $ 316.917; pagos excesivos en materiales de construcción por $ 780.621, o la inversión de $ 75 millones del Fondo Solidario en certificados de tesorería, son algunas de las decenas de irregularidades halladas.

En la actualidad, la Fiscalía General del Estado se encuentra en fase de indagación previa sobre algunos de estos casos. Se calcula en $ 3.500 millones el monto de los fondos mal utilizados. (I)

Contratistas abandonaron  obras a medio terminar
Luego de cuatro años del terremoto, aún hay cientos de familias damnificadas que anhelan recuperar sus viviendas. Kenisse Macías, residente de Portoviejo, recordó que fue víctima del terror. “Me estaba sentando a comer cuando comenzó todo; apenas logré salir junto con mi familia, la casa se fue abajo atrás de nosotros”.

Tras el anuncio del incentivo económico para reconstrucción de viviendas, que consistía en $ 10.000 no reembolsables, realizó todos los trámites pertinentes para levantar nuevamente su hogar.

“Nos registramos primero en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, luego la información pasó al Miduvi y ahí se estancó. Nos tuvieron más de un año insistiendo, hasta que un día dijeron que ya no había dinero, que unos contratistas se lo habían llevado. Desde ese día no hubo más comunicación”.

Aseguró que hubo casos de personas que no tenían casa al momento del terremoto, pero que aprovecharon para construir. “No hicieron un buen trabajo para levantar la información de quienes realmente necesitaban el incentivo. Había quienes no salieron perjudicados pero le sacaron provecho a la falta de control”.

También hay casos como el de doña Rosa Bravo, en el cantón San Vicente; el dirigente comunal Bartolo Moreira, en la comuna Remojo; o el de Leslie Posligua, en la comuna El Pital. Todos realizaron los trámites para la reconstrucción de sus casas y los dineros fueron transferidos a los encargados, los cuales nunca realizaron los trabajos.

“Hay muchas personas a las que les  fueron a hacer mediciones, unos huecos en la tierra, dejaron ahí botados materiales y no volvieron más”, dijo Fabricio Zambrano, técnico del Municipio de San Vicente; además, aseguró que, como Cabildo, intentaron ayudar a que se aceleren las edificaciones, pero siempre con respuesta negativa del Miduvi. (I)