Una veeduría ciudadana denunció presuntas irregularidades en el uso de los fondos destinados a atender la emergencia por el terremoto del 2016. Al momento nadie ha sido llamado a juicio.

“Un robo con corbata, eso fue lo que nos hicieron” asegura Mercedes Rivera, manabita que representa a 180 familias de la ciudadela El Palmar.

El 16 de abril de 2016, después del terremoto, las viviendas de este conjunto habitacional resultaron afectadas. Las autoridades de esa época visitaron el lugar y se comprometieron a entregar los recursos necesarios.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), mediante acuerdo ministerial 022-16 del 22 de junio del 2016, se comprometió a entregar un incentivo de  $ 9.000 para la compra o construcción de viviendas.

Pero hasta el momento, tras una serie de reuniones, no se les ha entregado los fondos ofrecidos, ni alternativas. Debido a esto, muchas de las familias afectadas decidieron permanecer en sus departamentos, pese a que no ofrecen seguridades.

Obras inconclusas
En Jama, cantón manabita de  25 mil habitantes, las obras iniciadas por el Comité de Reconstrucción no fueron terminadas.

Una de las más importantes fue el proyecto de Agua Potable, con un valor aproximado de $ 6,5 millones, obra que se inauguró en 2018 pero que tiene algunas fallas que comprometen su funcionamiento.

Según explica su alcalde, Robert Castro, “partes fundamentales de la obra no se hicieron y otras simplemente se eliminaron del proyecto”.

La falta de una sedimentadora en la planta de captación provocó que dos de las bombas del proyecto se quemaran. No se construyó un muro de contención, lo que pone en riesgo la planta durante la época de lluvias.

Castro explica que, en cuanto a las viviendas, los recursos no se canalizaron adecuadamente y se cubrió tan solo el 50% de las necesidades del cantón.

A esto se suma, según asegura el  burgomaestre, la falta de información respecto a las obras y montos después del terremoto. La misma que no fue entregada por la administración anterior.

Malos manejos se denunciaron
En un primer momento, la veeduría ciudadana para “Vigilar y dar seguimiento al uso transparente de los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) para atender la emergencia nacional” presentó cuatro presuntas irregularidades.

En el memorando CPPCS-CGAJ-2018-0012-M, del 8 de enero de 2018 se habla de inconsistencias en la información y se sugirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emprender indagaciones.

Entre las presuntas irregularidades está la transferencia, el 27 de abril de 2016, por $ 10 millones a la SGR, de los cuales se habrían utilizado      $ 1’126.000, de acuerdo a la misma Secretaría.

Se explica también la contratación, por parte de la SGR, de 203 sanitarios por un valor de $ 233.732,80 el 21 de abril de 2016, señalética para las zonas afectadas embodegadas y sin uso, material que costó $ 570.000.

El 17 de abril de 2019, luego de que el CPCCS transitorio aprobara el informe de investigación sobre la reconstrucción de Manabí, Julio César Trujillo, titular de ese momento, llevó una denuncia sobre posibles actos de corrupción a la Fiscalía General del Estado.

El pasado 10 de febrero el CPCCS presentó una denuncia contra los integrantes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016.

Glas nuevamente involucrado
El delito sería delincuencia organizada e involucra al exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario Técnico Carlos Bernal, los exviceministros Sebastián Viteri, José Martínez y Andrés de la Vega; Agustín Casanova Cedeño, alcalde reelecto de Portoviejo, entre otros.

Para el consejero Francisco Bravo y el procurador Judicial del CPCCS, Byron Pacheco, se debe determinar por qué a puertas del cambio de gobierno -el 22 de mayo de 2017- se destinaron $ 2.946 millones para más de 500 proyectos que no responden a una planificación técnica. (I)

Nuevo llamado a las autoridades de control
Este 15 de abril, el pleno del CPCCS aprobó dos exhortos para las actuales autoridades de control. El primero para la fiscal General Diana Salazar con el propósito de que de manera urgente se inicien las investigaciones en base a las denuncias presentadas por el Consejo respecto a lo ocurrido con los fondos de la reconstrucción por el terremoto del 16 de abril de 2016. Esto porque, hasta la fecha, no existe ni una sola persona llamada a juicio, ni sentenciada por el mal manejo de los $ 2.946 millones obtenidos con la Ley Orgánica de Solidaridad y los cerca de $ 500 millones obtenidos de donaciones y créditos internacionales. También se exhortó al contralor General del Estado, Pablo Celi, para que declare la Emergencia de Control Público. Esta acción conlleva una intervención integral de auditoría a la totalidad de los fondos y obras de la reconstrucción del terremoto.

Esta resolución se aprobó independientemente de algunos exámenes ya realizados por la Contraloría, y que establecieron indicios civiles y penales. Se recordó que en 7 años aplicará la caducidad para que la Contraloría determine responsabilidades, tiempo del que ya han transcurrido 4 años.

El consejero Francisco Bravo recordó que dentro de las obras de la reconstrucción están el puerto pesquero artesanal de Crucita (Portoviejo) y la vía Manta - Colisa, ambas a cargo de la empresa Consermin, cuyo gerente general, Ramiro Galarza, está involucrado en el caso “Arroz verde”. (I)