¿Cuántas denuncias por malas prácticas en el mercado han recibido desde que se creó la Superintendencia?
Entre denuncias, casos que hemos iniciado de oficio y pedidos del resto del sector público -que son denuncias que hacen las autoridades- se han estudiado 207 en dos años. Por ejemplo, en el caso de Chile allá hay una normativa que permite limitar a 50 casos por año, nosotros hemos hecho 207 en un año.
Realmente es un trabajo intenso que ha realizado el personal de la Superintendencia. No en todos los casos se han iniciado expedientes administrativos formales. No se presentan pruebas y entonces no se puede seguir al siguiente paso.

¿Qué pasaba antes de que entre a funcionar esta institución?
Había un período en que estuvo operando la Subsecretaría de Competencias del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), pero antes de eso, no solamente con nuestra ley sino con otras, es muy común que la gente no cumple con la normativa. Tenemos en realidad 500 años de estar acostumbrados al abuso, engaño, al ‘bullying’ empresarial y eso se debe cambiar. Hay que cambiar la cultura, no es solamente  un tema de aplicar la ley, sino sobre todo, una cultura de derecho del consumidor y emprendedor.

¿Qué tipo de casos se ha encontrado en el mercado?
Hay de todo, como en botica. El más sonado es la multa que se aplicó a Claro, en la que resulta ser que ellos habían monopolizado  el acceso a los sitios óptimos para emitir la señal. Hablamos de que es el único operador de telefonía celular que había tenido restricciones en el acceso a los terrenos donde se colocan las antenas. Estamos hablando de más de 1.260 sitios que tenían cláusulas de exclusividad para el arrendamiento.
Estos contratos de exclusividad habían generado la estructura de costos probablemente más alta del mundo. La contrapartida de esa estructura de costos es por un lado las ganancias más altas de las transnacionales aquí en Ecuador y no en México, que es sede. El hecho es que es muy difícil, costoso, que entren nuevos inversionistas al mercado debido a esta situación. Antes de que usted facture un dólar tiene que hacer una inversión multimillonaria en la red de antenas, y si ya los sitios donde usted tiene que colocarlas le tienen prohibido, cómo hace para entrar al mercado. Con lo cual el país está perdiendo competitividad y productividad sistémica en todos los otros sectores.

¿Aún sigue el litigio con Conecel?
El litigio se inició en febrero, cuando la SCPM impuso la sanción a Claro por incluir cláusulas de exclusividad en los contratos de arrendamiento de terrenos destinados a la instalación de antenas a nivel nacional, lo que fue denunciado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en octubre de 2012.
En marzo pasado, el Segundo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia del Guayas suspendió la multa una vez que Conecel canceló el 50% de esta como caución ($ 69,2 millones).
Conecel adujo que hubo graves inconsistencias en el proceso, entre ellas haberse impedido el acceso a pruebas declaradas confidenciales, lo que atentaría contra el derecho a la defensa.
Desbaratando otros argumentos de la empresa, la SCPM presentó su respuesta en marzo y parece que la empresa en una situación de desesperación, al ver que han quedado demolidos sus argumentos, se ha apresurado a ponernos otros dos juicios adicionales, en dos juzgados distintos sobre el mismo tema, para ver si sacan algún provecho.
La multa está pendiente, ellos ya han puesto la mitad de la multa en garantías. Pero lo importante de esto es acordarnos de que la empresa podía haberse ahorrado los $ 138,5 millones si firmaba un compromiso de cese, tuvieron entre 6 y 7 meses para hacerlo y ellos escogieron el litigio.
Hace unos 3 meses ellos firmaron ante un notario público, no solamente reconociendo la infracción a la ley, sino que han anulado las cláusulas de exclusividad en más de 1.260 contratos de arrendamiento. Depende de los jueces si ellos luego de esto deben pagar la multa. En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Conecel por multas de $ 200 han puesto hasta 65 juicios, que están entre 2 y 5 años en los juzgados, los cuales conllevan gastos para el país.

¿Cuántos compromisos de cese han firmado con las empresas infractoras?
Cinco. El más importante ha sido con la empresa Confiteca, que es un ejemplo de responsabilidad social corporativa. No solamente que firmaron el compromiso de cese, incluso siendo objeto de ‘bullying’ de otros sectores empresariales, sino que también lo han convertido en el caballito de batalla de su estrategia de marketing, mostrando que es posible apostarle a la excelencia.

¿Cuál es el objetivo del Manual de Buenas Prácticas Comerciales entre Supermercados y Proveedores que entrará en vigencia en noviembre?
Es básicamente poner en blanco y negro para que no haya ninguna confusión, lo que ya está en varias leyes vigentes, como la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado, Defensa del Consumidor, Economía Popular y Solidaria, Soberanía Alimentaria y en otras leyes. Nosotros no legislamos, es lo que ya está establecido y no se ha cumplido, y que ahora lo ponemos junto, en blanco y negro, aplicado a la operatividad cotidiana de las compras y ventas en los supermercados.

¿Qué denuncias recibieron de parte de los proveedores?
Teníamos muchas quejas, que no se pueden generalizar. De que tenían contratos verbales y en el momento de entregar la mercancía les cambiaban las reglas del juego. Con la mercancía allí, ya no les quedaba otra que aceptar a lo que venía. La importancia del contrato por escrito que se establece en el manual es que no hayan abusos, picardías de ese tipo.
El documento final del formulario en el artículo 9 señala los plazos máximos en que los supermercados deben pagar a sus proveedores. Estos son diferenciados según el monto de la facturación del año inmediato anterior. Hasta $ 50 mil se pagará dentro del plazo de 15 días. Desde $ 50 mil un centavo hasta $ 250 mil dentro del plazo de 30 días. Desde $ 250 mil un centavo hasta $ 3 millones, dentro de los 45 días. Desde $ 3 millones un centavo en adelante, dentro de los 60 días. La participación de los proveedores con facturación hasta $ 250 mil, en las compras que realice el supermercado y/o similares, será siempre un valor no menor al 15% en cada una de las compras realizadas por estos últimos en el mes inmediato anterior.