Durante los últimos años, Ecuador ha estado acumulando experiencia institucional en la prevención, corrección, eliminación y sanción de las prácticas anticompetitivas. A propósito de la reciente recepción de nuevas propuestas de Compromisos de Cese con infractores, Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, explica los avances más recientes e importantes en esa dirección.

¿Qué son los Convenios de Cese?

Se trata de un instrumento que aparece en la legislación antimonopolio a nivel internacional y que en Ecuador está respaldado en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Lo utilizamos para resolver las infracciones “por las buenas”. Y ello en razón de que, si bien hemos logrado 16 multas por $ 142 millones, la Superintendencia no tiene una vocación punitiva.

Entonces, ¿qué se busca?

Incentivar a que los distintos operadores económicos puedan regularizar su situación, tener un terreno de juego simétrico y prístino y hacer que la ley se cumpla para todos. Para fomentar estas transformaciones, a su vez, hemos desarrollado otros instrumentos como los códigos de ética y los manuales de buenas prácticas comerciales. También realizamos 1.372 talleres en todo el territorio nacional.

¿Cuántos operadores han sido analizados por infracciones?

Tenemos unos 391 casos estudiados. Sin embargo, dentro de cada caso pueden existir varios operadores; en otros casos, en cambio, se repiten los operadores. Esto último sucede especialmente en los casos más grandes donde existen varios tipos de infracciones por un mismo operador o, a veces, el mismo tipo de infracción en varios campos distintos.

¿Cuántos Compromisos de Cese han sido formalizados?

Hasta el momento tenemos 18 compromisos firmados y están por firmarse muchos más. Entre los operadores económicos que se  acogieron a esta figura legal, por ejemplo, se encuentran La Fabril, La Favorita, Toyocosta y Pronaca. Cada vez más se está logrando una mejor comprensión de este instrumento. Al principio se tornaba duro lograr la firma de un compromiso; sin embargo, en el país, está configurándose una nueva cultura empresarial, que se expresa también en la aceptación creciente de los códigos de ética.

En este último ámbito, ¿qué se ha logrado?

Tenemos tres códigos de ética firmados. Uno, que se hizo con el auspicio del Consejo Provincial de Pichincha, está relacionado con toda la cadena de lácteos. Este código es ejemplar porque dicha cadena abarca a una multiplicidad de operadores con posiciones muy encontradas y conflictivas. El segundo código está relacionado con los supermercados y el tercero con las grandes cadenas de farmacias como son Fybeca, Difare y Farmaenlace. Actualmente estamos negociando para que las distribuidoras de la calle Boyacá en Guayaquil firmen el código de ética que, básicamente, contiene los principios del manual que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentó hace un año atrás.

Un Compromiso de Cese, ¿qué beneficios le podría generar al sector público y al sector privado?

La respuesta podría ilustrarse trayendo a colación el caso de Claro. Esta empresa podía haberse evitado el pago de $ 138,5 millones con un Compromiso de Cese. Como Superintendencia, nosotros indicamos que, dado que había que introducir los nuevos principios de la ley, durante el primer año, el caso podía haberse resuelto sin que paguen un solo dólar. Sin embargo, los abogados de la empresa optaron por el conflicto. La empresa tenía que comprometerse a acabar con las cláusulas de exclusividad que, de manera ilegal, había impuesto en más de 1.260 contratos de arrendamiento de terrenos para la colocación de antenas.

Claro, era la única empresa que, teniendo una posición de dominio cercana al 70% del mercado, había impuesto esas cláusulas de exclusividad. Para el país eso implicó una estructura de costos rígida y alta. Los otros operadores, en lugar de tener una sola antena ubicada en el sitio óptimo, tenían que colocar, por ejemplo, 4 o más antenas para compensar. Esta situación desincentivaba la participación de nuevos operadores, generaba mal servicio y disminuía la cobertura en muchas partes del país. En mayo de 2015, después de dos años de lucha, Claro tuvo que reconocer la infracción y eliminar las cláusulas.

¿Se puede conocer públicamente los Compromisos de Cese?

Tienen que conocerse. Al hacer público un compromiso, por un lado, la sociedad ecuatoriana logra un respaldo de que una determinada empresa está cesando una infracción; y, por el otro lado, esa empresa logra garantizarse de que no será procesada a futuro con respecto al mismo caso.  

Los compromisos, ¿generan algún efecto institucional importante?

Como decía un jurista mexicano, en Latinoamérica estamos bastante acostumbrados a tener una ‘justicia penal’ pero no logramos configurar todavía una ‘justicia premial’. A través de esa frase se busca enfatizar que es importante también generar una estructura de incentivos que promueva a los empresarios que cambian comportamientos y fomentan la responsabilidad social corporativa.

De manera concreta, ¿puede citar un caso de ese cambio?

El primer caso, y creo que el más valiente, fue Confiteca porque sus personeros se enfrentaron incluso a algo parecido a una ‘ley del hielo’ en ciertos medios empresariales. Por ese entonces, la Superintendencia alertó sobre la ausencia de etiquetas que anuncien la presencia de ingredientes transgénicos en los productos, una circunstancia que contrariaba las disposiciones de varios cuerpos legales, entre ellos la Ley de Soberanía Alimentaria y el Código de Salud. Aquella empresa se comprometió a corregir esa circunstancia e incluso indicó que haría una apuesta a la excelencia utilizando ingredientes de mejor calidad. Y lo ha cumplido.
Otro Compromiso de Cese está relacionado con los aceites light. Durante décadas, las familias pagamos más por productos que decían que eran mejores para la salud. Sin embargo, no fue así y esto lo demostró un estudio de Arcsa. No obstante, algunas empresas firmaron un compromiso de cese para cambiar su situación.  

¿Cómo se verifica el cumplimiento de los compromisos o los códigos?

A través de la veeduría ciudadana. En el país existen 3.500 comités de usuarios de los cuales 2.900 están formalizados. Estos juegan un papel formidable en el empoderamiento de una ciudadanía que está apropiándose de aquellos mecanismos. (I)