Diego García, procurador general del Estado, garantizó que hasta abril de este año el Ecuador pagará los $ 980 millones a la petrolera estadounidense Oxy, tras la condena que le impuso un tribunal de arbitraje del Banco Mundial por cancelar un contrato de extracción en 2006.

Estas declaraciones fueron emitidas tras su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en donde expuso sus observaciones sobre el proyecto de reformas al artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Su pronunciamiento se realizó ante el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, quien informó que el país llegó a un acuerdo de pagos con la petrolera estadounidense y alcanzó un descuento de $ 420 millones, tras unas "durísimas" negociaciones.

García recordó que el acuerdo contempla un pago en efectivo por aproximadamente un 70% del valor del laudo incluyendo los intereses de los $ 1.062 millones que quedó del laudo y los intereses que fueron cargados por el propio tribunal. Añadió que una parte se pagará por compensación de crédito ya que Occidental Petroleum Corporation (Oxy) tenía algunas obligaciones con el Estado ecuatoriano en materia tributaria.

El titular de la Procuraduría añadió que el pago de estas obligaciones tributarias van a generar a su vez una reliquidación en utilidades de trabajadores como se produce siempre que hay una determinación tributaria que aumenta las utilidades de una empresa.

"Se está hablando de un pago que incluye el pago en efectivo, en plazos que concluirán en abril de este año y parte en compensación de créditos", dijo.

García aprovechó la ocasión para descartar la posibilidad de que la petrolera inicie nuevas acciones en contra del país. Explicó que la única acción posible es la de ejecución, la cual ya se inició en noviembre del año pasado en Nueva York (Estados Unidos).

"No hay otra posibilidad de acciones por parte de Occidental en contra del Ecuador", reiteró puesto que uno de los requisitos para autorizar una transacción es que se solucionen definitivamente las controversias. (I)