El 29 de abril, el Estado ecuatoriano debía cancelar $ 179,7 millones a la empresa petrolera Occidental Exploration Corporation (OXY). Ese valor correspondía al último pago de una indemnización cuyo monto final, después de varias negociaciones, se redujo a $ 979,7 millones.  

El litigio comenzó con una cesión no autorizada de derechos

El 15 de mayo de 2006, el gobierno de Alfredo Palacio declaró la caducidad del contrato que la petrolera Occidental Exploration Corporation (OXY) tenía para la extracción de crudo en el bloque 15 y en los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha. El contrato con la petrolera se firmó en 1985 y tuvo una actualización en 1999.

La declaratoria de caducidad procedió en concordancia con la Ley de Hidrocarburos vigente y fue una consecuencia de que, en el año 2000, sin autorización del Ministerio de Energía, OXY cedió el 40% de los derechos de su contrato a la firma AEC (luego Encana y Andes).

La operación de la empresa americana, que era de cerca de 100.000 barriles diarios, pasó entonces de forma temporal a Petroecuador y finalmente a Petroamazonas.

El 17 de mayo de 2006, dos días después de la declaratoria de caducidad, la petrolera presentó una solicitud de arbitraje en contra de Ecuador al Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Al proceder así, OXY no respetó el período de negociación obligatorio de seis meses que estipulaba el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.

La petición planteaba una indemnización de $ 3.370 millones por una violación al tratado relacionada con una supuesta confiscación de bienes.

En octubre de 2012, el Ciadi dictó la primera sentencia a favor de OXY por el pago de $ 1.769,6 millones. Para determinar este monto, el tribunal calculó el valor del negocio a partir del valor actual neto de los flujos de caja descontados en la fecha del decreto de caducidad.

La indemnización se redujo un 40% tras el pedido de nulidad

El pago de la indemnización quedó suspendido ya que la Procuraduría General del Estado presentó, un par de días después, un pedido de anulación del laudo en el que argumentaba que el tribunal se excedió en el ejercicio de sus competencias y que sus decisiones fueron tomadas sin motivación o con motivación insuficiente o contradictoria.

Aunque el tribunal reconoció la violación de la Ley de Hidrocarburos por parte de la OXY, aquel consideró que la infracción no fue el resultado de una actitud dolosa de Occidental y que la caducidad del contrato fue excesiva dado que no causó un perjuicio patrimonial al Estado.

Con la apelación a la sentencia, Ecuador logró que se conformara un Comité de Anulación que, el 2 de noviembre de 2015, concluyó que el laudo fue parcialmente nulo. Por tanto el monto de indemnización decidido por el tribunal disminuyó un 40% y pasó de $ 1.769 millones a $ 1.061 millones. Esta cifra también contrasta con los $ 3.370 millones pretendidos inicialmente por la petrolera, equivalente al  67,5% más del monto establecido al concluir el proceso.

El comité determinó que la sentencia de 2012 incurrió en la causal de manifiesto exceso de poder ya que el Tribunal Arbitral asumió jurisdicción sobre la inversión perteneciente a Andes (antes AEC). Por tanto, a OXY solo le correspondía el 60% del valor de la indemnización, al haber cedido el 40% de sus derechos a AEC.

Para Brigitte Stern, árbitra de la parte ecuatoriana, el laudo a favor de Oxy no tomó en cuenta “la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras”.

El Estado pagó $ 1.000 millones desde diciembre de 2015

Tras la última ronda de negociaciones, Ecuador logró un descuento de $ 420 millones y la suma final de la indemnización se fijó en $ 979,7 millones. Según este acuerdo, el Estado ecuatoriano asumiría los pasivos ambientales, laborales y tributarios de OXY en el país.

Además, se contempló un pago de 70% del valor del laudo, incluyendo intereses de los $ 1.062 millones que quedaron del juicio e intereses que fueron cargados por el tribunal. Bajo estas condiciones quedó descartada la posibilidad de que OXY inicie nuevas acciones.

En el plan de pagos acordado se estableció el siguiente cronograma: $ 100 millones al 21 de diciembre de 2015, $ 100 millones al 15 de enero de 2016, $ 100 millones al 31 de enero, $ 200 millones al 29 de febrero y $ 300 millones al 31 de marzo. El remanente por $ 179,7 debía cancelarse el 29 de abril.

Hasta el cierre de esta edición, a partir de fuentes oficiales, no se pudo confirmar si el Estado ecuatoriano efectivizó el último pago. (I)