A pesar de que el Ejecutivo decretó como política de Estado la simplificación de trámites, lleva más de dos meses de retraso en la emisión del reglamento de la ley aprobada por la Asamblea, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas.

La Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites fue aprobada por el Legislativo en agosto de 2018. Sin embargo, de 11 disposiciones transitorias, cinco ya vencieron y seis están a punto de llegar al tope del plazo establecido por la Asamblea Nacional.

Por ejemplo, hasta el 3 de abril de 2019, el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) lleva 69 días de retraso en la implementación de los mecanismos para que los usuarios califiquen electrónicamente la atención de los servicios públicos.

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) es otra de las instituciones que aún no ha dado cumplimiento a la ley.

La entidad lleva 130 días sin poder atender a la normativa que exige la implementación de las herramientas para que todas las instituciones gubernamentales compartan sus bases de datos de forma obligatoria.

La justificación de los trámites necesarios, la emisión de permisos de edificación de municipios de más de 50.000 habitantes y la compensación fiscal, a cargo del Mintel, tienen hasta el 26 de este mes para simplificarse.

Por otra parte, las gestiones para la habilitación del sistema de pago en línea y la información del Registro Oficial, ambas a cargo de la Presidencia y la homologación de trámites municipales, cuya rectoría tiene el Mintel, vencerán en octubre.

El asambleísta Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, reveló la preocupación de los legisladores por el bajo cumplimiento de la ley.

“Nos deja muy decepcionados el cumplimiento de la normativa por parte del Ejecutivo y especialmente del Mintel, que, como ente rector de esta ley, ha tenido una participación mediocre”, cuestionó el parlamentario.

Fustigó -además- que la Asamblea Nacional, que es la entidad que hizo y aprobó la ley, no ha cumplido con la Dinardap, respecto a la entrega de información de su base de datos para entrar en una interoperatividad entre las funciones del Estado.

“Si se va  hacer una contratación en la Asamblea, le piden copia de cédula o papeleta de votación, información que debería estar ya en una base de datos.  La ley va precisamente a solucionar ese tipo de tramitología innecesaria”, enfatizó Muñoz.

La directora de Dinardap, Lorena Naranjo, informó que de todas las instituciones públicas, apenas la Procuraduría General del Estado y Quito Turismo han cumplido con lo que manda la ley, es decir, poner a disposición sus bases de datos para integrarse en un sistema único de información.

Por esta razón, dijo que la institución que dirige diseñó fichas simplificadas para el ingreso de la información.

El asambleísta Muñoz recalcó que la comisión fortalecerá el seguimiento al cumplimiento de la ley por parte de las instituciones públicas y si no se atiende a lo establecido por la normativa; no descartó un juicio político a las autoridades responsables.

Becarios están preocupados
La norma también exige la simplificación de trámites para la liquidación de becas estudiantiles, proceso que tiene ya un incumplimiento de 69 días.

Un grupo de becarios expuso el pasado miércoles, ante la Comisión de Régimen Económico, los problemas con trámites para el desembolso y créditos bancarios,   que enfrentan más de 9.000 ciudadanos.

Ellos accedieron a este beneficio, gracias a su desempeño académico.

Se propondrá al pleno una resolución que atienda su problemática. (I)