Quito.-

Casi siete meses de vigencia tiene la Ley Orgánica para evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (mejor conocida como Ley de Plusvalía) y ahora será sometida a revisión.          

Cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó el lunes por la noche la decisión del Gobierno de evaluar “el alcance y aplicación” de la Ley de Plusvalía, lo hizo tomando como referencia los recientes indicadores del Banco Central del Ecuador (BCE), los cuales reflejan una contracción del 7,3% en el sector de la construcción durante el primer trimestre de 2017 con respecto al mismo período de 2016. Siete semestres consecutivos de decrecimiento, agregó,  provocaron un retroceso parecido al de niveles registrados cinco años atrás.

Moreno se comprometió a encontrar los mejores mecanismos para que la norma cumpla con su objetivo de controlar la especulación de la tierra, “pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda”.

No está claro aún cómo se procederá con la revisión. A la Asamblea Nacional no ha llegado, de momento, un proyecto reformatorio.

Lo cierto es que las principales autoridades del Legislativo ya tuvieron un primer encuentro con el sector productivo en el que se abordó brevemente el tema. Fue el pasado 19 de julio, durante el taller para definir mesas de trabajo, que el presidente de la Asamblea, José Serrano, adelantó la intención del Gobierno y aclaró que la revisión se hará bajo una perspectiva que permita reformar la norma, “pero sin perder el concepto de la lucha contra la especulación de la tierra”.

En 2015 la ley generó protestas

El proyecto de Ley de Plusvalía fue anunciado junto con el de Herencias en mayo de 2015, por el entonces presidente Rafael Correa, con el argumento de frenar la especulación y regular la plusvalía, y establecer un margen de ganancia ordinaria para el propietario.

Las dos propuestas generaron rechazo en una parte de la ciudadanía. Protestas y movilizaciones se produjeron principalmente en Quito, y obligaron a Correa a desistir, momentáneamente, con el fin de calmar los ánimos, puesto que en aquella ocasión se aproximaba la visita del Papa Francisco.

La discusión se retomó el 1 de diciembre de 2016 cuando el exmandatario envió a la Asamblea, con carácter de urgente en materia económica, el proyecto de ley orgánica. Fue aprobado el 27 y promulgado en el Registro Oficial el 30 de ese mismo mes.

El punto de discordia se da porque grava con un impuesto del 75% a las ganancias extraordinarias generadas por la segunda venta de un bien inmueble. Se considera una base exenta de 24 salarios básicos unificados (SBU).  

Empresarios piden la derogación

Días previos a que se conozca el pronunciamiento de Moreno, EL TELÉGRAFO entrevistó a seis actores involucrados en la actividad de la construcción sobre los efectos de  la Ley de Plusvalía.

Todos mostraron cifras en rojo. La preocupación es latente porque, a su criterio, la legislación no cumple con el fin de controlar la especulación de la tierra.
Atribuyen la crisis del sector tanto a la ley como a la disminución de la contratación pública y la inestabilidad laboral.

Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, apoya la eliminación de la norma. Señala que la actividad se ha reducido entre el 30% y el 50%, dependiendo del segmento.

Los proveedores de bienes y servicios relacionados a la construcción registran caídas por encima del 50%. Además, las reservas bajaron en más del 40% para obras nuevas.

Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), es partícipe de reemplazar la ley por una nueva. No obstante, señaló que existen varias normativas que ya establecen parámetros para captar plusvalía.

Lo que se necesitaría son mecanismos más eficaces para controlar la especulación. “No debe gravarse (el tributo) al producto de la construcción (inmueble), sino al terreno”, explicó.

Según sus registros, en Quito los proyectos nuevos en la rama residencial sufrieron una caída del 5,5% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Asimismo, las solicitudes para revisión de planos en las entidades colaboradoras del Municipio capitalino han bajado al 50%.

Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador (Apive), también sintoniza con la derogación. A su juicio, “el sector está en su peor momento desde la dolarización”.

Normalmente el mes de abril era el de mejor desempeño para la rama inmobiliaria porque coincidía con ferias de vivienda y el pago de utilidades en las empresas, pero este año no ocurrió así.

Por primera vez desde 2005, abril tuvo una caída de 9% respecto de marzo. Es el primer mes en 12 años que caen las reservas.

“La vivienda es el ahorro directo de los ecuatorianos. Con la ley todo lo que esté arriba de la inflación se lo lleva el Estado”, criticó Rumbea.

Estima que por cada día que se dilata la revisión se incrementa el déficit de acceso a la vivienda.

Para Rumbea el programa de vivienda ofrecido por Moreno funcionará a partir de la derogación de la norma. El segundo paso es conseguir el compromiso de los municipios con terrenos y urbanismo, así como disminuir el tiempo de revisión de planos y otros trámites.

Francisco Lascano, gerente de Construsupply (proveedor de materiales de construcción), se inclina por una reforma donde se elimine el impuesto del 75%. Su negocio se ha visto reducido en el transcurso de los últimos 2 años.    

En 2015 trabajaba con 20 constructores que tenían 20 proyectos; al culminar 2016 apenas contaba con 8 constructores y 4 proyectos. Si bien prefiere mantenerse escéptico hasta ver acciones concretas del Gobierno, Lascano estima que si llega a efectivizarse “será una maniobra bastante positiva”.

Joan Proaño, gerente de la constructora Proaño & Proaño, también apoya la eliminación y señala que de acuerdo a registros de las cámaras de la construcción el número de proyectos en Quito y Guayaquil se redujo en el 22,5% entre 2015 y 2016.

Al igual que los demás entrevistados, Proaño señaló que las obras que se tienen actualmente son construcciones que ya se venían ejecutando y deben ser entregadas.

La situación en su negocio no es ajena al resto. De momento se encuentra finalizando un edificio en el norte de Quito, pero luego de eso no emprenderá nuevos proyectos, al menos hasta que el panorama presente mejores condiciones.

Finalmente, Robinson Galarza, propietario de Galarza & Galarza y también partidario de la derogación, indicó que por efecto de la ley sus ventas bajaron entre el 35% y 40%. Trabajaba con 8 conjuntos habitacionales y ahora lo hace con 4. Él propone gravar con un impuesto a los terrenos ociosos por más de 5 años, “porque ganan plusvalía, sin hacer nada, por la inversión pública y privada”.

Este diario se comunicó con Virgilio Hernández, consejero Presidencial de Hábitat y Ambiente, pero por su agenda no pudo concretarse una entrevista. El 20 de julio se le envió un cuestionario por correo electrónico que hasta el momento no ha sido respondido. (I)

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