Las cifras presentadas la semana pasada por el Banco Central del Ecuador (BCE) dan cuenta de que, según analistas consultados, la economía nacional se encuentra en una etapa de recuperación, lo cual es positivo. Pero no ocurre lo mismo con la construcción.

La situación continúa siendo crítica. El último momento con indicadores positivos fue en el segundo trimestre de 2015, cuando la industria alcanzó una variación interanual de 2% del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de entonces, durante 24 meses consecutivos los números han fluctuado con resultados negativos que van entre -4,3% y -7,9%. (Ver infografía)

Félix Casares, presidente de Betamétrica, no prevé un mejor escenario en el corto plazo, porque aún no arranca con firmeza el plan gubernamental ‘Casa para todos’ y tampoco hay un repunte importante del sector privado.

“Va a continuar el decrecimiento, hay muchas obras paralizadas”, estimó Casares y advierte que si no se adoptan políticas económicas para revertir la situación y la tendencia continúa en rojo, tendrá un impacto severo en la producción nacional y en la generación de empleo, dado el nivel de encadenamiento que envuelve el negocio.

Constructores, arquitectos, inmobiliarios y trabajadores consultados apuntan a la Ley de Plusvalía como la principal razón del estancamiento de la construcción.

Aunque el Banco Central no dispone de un estudio sobre cómo y en qué medida influenció la ley, la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) hizo su propia evaluación obteniendo resultados desalentadores.

Alrededor de 83.000 plazas de empleo se habrían perdido a consecuencia de la norma, menciona Leopoldo Ocampo, presidente (e) de la Camicon.

Ayer, por segunda ocasión, un grupo de 500 personas (empresarios, obreros, fabricantes de insumos, transportistas) realizó un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet para expresar su respaldo a la propuesta del presidente Lenín Moreno de revisar la ley.

“Para los inversionistas, hoy por hoy, la construcción se ha convertido en un riesgo”, comentó Ocampo. Como ejemplo expuso que solo en Quito existen 5.000 proyectos, unos en marcha y otros en ejecución, pero apenas 400 se han logrado vender.

“Hay quien venda, pero no quien compre”, resumió aclarando que no se oponen a pagar impuestos, sino que piden eliminar la norma porque ahuyenta a compradores e inversionistas, lo cual también influye en la recaudación fiscal.

Entre enero y diciembre de 2016 los permisos de construcción crecieron el 5% con relación a 2015, según la Encuesta de Edificaciones, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

“Afecta a dueños de viviendas”

En cuanto al ámbito laboral, el INEC muestra que en junio de 2015 la rama de la construcción aportó con el 9,8% en la generación de empleo adecuado, en tanto a junio de 2017 se ubicó en el 7,7%.

Guillermo Vaca, representante de la empresa Álvarez Bravo, participó en la manifestación de la Camicon, donde expresó que la Ley de Plusvalía no impacta únicamente a los constructores, sino que afecta a dueños de viviendas y terrenos “porque se trata de un impuesto muy elevado”, dijo. En Quito la firma posee ocho proyectos, pero todos están paralizados desde mediados de 2015.

El gremio inmobiliario también está a la expectativa de qué sucederá con la Ley de Plusvalía. Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador (Apive), aseguró que es la peor crisis que enfrenta la industria desde la dolarización.

Según la Apive, a julio de este año las reservas netas cayeron -9%. La variación mensual en Guayaquil fue de -12%, mientras que en Quito llegó a -5%. “Al menos 136 empleos se pierden al día”, advirtió Rumbea, quien recomendó a los municipios evacuar en el menor tiempo posible los permisos de construcción que ahora están en trámite, como una alternativa mientras se resuelve el destino de la legislación.

Si bien Moreno ha reiterado su preocupación sobre el tema, hasta ahora no se tiene claro si se procederá con una reforma normativa o se planteará la eliminación. (I)

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Latinoamérica invierte poco en infraestructura

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que entre 2012 y 2020 la región debe invertir el 6,2% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual en infraestructura. Sin embargo, el organismo sostiene que ninguna de las principales economías en la región invierte más del 3% de su PIB.

Este lento crecimiento también lo evidencia el último estudio de la firma de aseguramiento de crédito Coface sobre el comportamiento de la inversión en infraestructura a nivel de América Latina. A partir de varios indicadores, la firma concluyó que este débil desarrollo se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento de los países.

En cuanto a Ecuador, el reporte indica que el país avanzó en los últimos años, pero aún sigue por debajo de otros países. Agrega que Ecuador tuvo un gobierno altamente intervencionista durante una década. Los altos precios del petróleo permitieron que las inversiones públicas  escalaran de poco menos del 4% del PIB a mediados de 2000, a 15% del PIB, hasta la caída de los precios del petróleo a mediados de 2014.

Pedro Sánchez, gerente general en Ecuador de Coface, añadió que “la corrupción en todos nuestros países es un mal que no permite que se cuente con  una infraestructura adecuada, porque gran parte de los recursos destinados a la construcción en infraestructura se pierden por el lado de la corrupción. Es una prioridad para la región luchar contra estos temas”. (I)