Aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de diciembre de 2016 y con poco más de un año en vigencia, la continuidad de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (Loevt, conocida como Ley de Plusvalía)  dependerá del pronunciamiento ciudadano en menos de 7 días.

En la consulta popular el Ejecutivo propone derogar la norma. De ganar el Sí, se lo hará mediante un proyecto de ley urgente que deberá presentarse hasta 15 días después de la publicación de resultados oficiales.

¿Cuál es el motivo? Según la justificación de la pregunta 6, “las cargas tributarias impuestas no fueron adecuadas”, afectando a patrimonios grandes y pequeños en diferente proporción.

Además, señala, no habría cumplido con su finalidad de evitar la especulación del valor de las tierras (bienes inmuebles) urbanas o rurales.

Quienes promocionan el Sí agregan otras razones. Aseguran que tan solo con el anuncio de la normativa (mayo de 2015) la industria de la construcción empezó a sentir el recelo de inversionistas y ciudadanos a la hora de adquirir un inmueble.

La Ley de Plusvalía grava  un impuesto de 75% a las ganancias extraordinarias generadas por la segunda venta de un inmueble, con una base exenta de 24 salarios básicos unificados (SBU).

Lo recaudado iría a parar directamente a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para obras de saneamiento, alcantarillado y agua potable. 

Los promotores de la legislación aseveraban que frenaría la especulación porque, entre otras cosas, obligaría a sincerar el precio de los predios en las escrituras.

Además denunciaban que personas tenían acceso a información privilegiada sobre los proyectos de infraestructura, aprovechan para  comprar terrenos aledaños y esperan hasta que su valor se multiplique para venderlos a un costo mucho mayor.

Industria ha decrecido 27 meses
Cámaras de la construcción, inmobiliarios y más agremiaciones opinan que esto contribuyó a que la industria se debilite drásticamente, lo que se agudizó por la recesión económica nacional en 2015 y 2016.

Datos del Banco Central  del Ecuador (BCE), con corte a septiembre de 2017, muestran 27 meses de caída constante (ver infografía).

A más de eso, la Asociación Ecuatoriana de Construcción y Empleo (AECE) señala que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2017 se perdieron 77.742 empleos plenos. Eso equivale a una reducción del 23%. Cada día se eliminan 106 puestos.

Jorge Carrión, de 49 años de edad, lleva 35 años dedicado a esta actividad. Es maestro mayor (jefe de albañiles) y desde octubre del año pasado se encuentra en la desocupación. Desde entonces ha sobrevivido con unos $ 6.000 que tenía ahorrado, pero al no hallar empleo la cifra se redujo a $ 1.000 por los gastos que tuvo que hacer para mantener a su esposa y tres hijos (dos universitarios y un escolar).

Carrión y los 30 obreros que tiene a su cargo perdieron su trabajo porque la empresa donde colaboraban tuvo que suspender la construcción de un edificio ubicado cerca del parque La Carolina, en Quito, debido a que no hubo la suficiente demanda. A lo largo de toda su trayectoria es la cuarta ocasión que Carrión está desempleado, pero es la primera que pasa tanto tiempo sin encontrar un nuevo proyecto.

Y le preocupa agotar todos sus ahorros antes de volver a emplearse.

“La empresa tenía tres proyectos en marcha para este año, pero como no había quién comprara prácticamente se paralizaron”.

No existe un registro nacional del número de edificaciones y proyectos paralizados o suspendidos a causa de la ley.

Sin embargo, la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) estima una reducción del 60% en Quito.

En Cuenca las construcciones cayeron 47%, indicó  José Jaramillo, presidente de la Cámara de la Construcción de esa ciudad.

Él opina que el principio filosófico de la ley “no es negativo”. Es decir, la intención de controlar la especulación es válida, pero la manera cómo se impuso y el porcentaje del tributo “es injusto”.

Al mismo tiempo que apoya el Sí, Jaramillo reparó en que para reactivar al sector también es preciso trabajar en otros frentes, como créditos, trámites municipales, alianzas público-privadas y revisión de algunos procedimientos de la Ley de Contratación Pública.

Henry Yandún, vocero de la AECE y empresario de la construcción, comentó que la Ley de Plusvalía opaca y complica la aplicación de otras legislaciones que ya establecían parámetros para capturar la plusvalía.

A nivel nacional rigen el  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (Lotus). Aparte hay ordenanzas municipales que también regulan el tema. 

“Cuando se derogue la ley los hechos generadores de plusvalía se habilitan para que funcionen las otras leyes (...) Hay que hacer cobros de manera técnica dependiendo de ciertos escenarios. Pero la ley actual determina el 75% para todos”, expresó Yandún.

Según el empresario las expectativas de negocios empezaron a mejorar cuando se anunció la consulta popular.

Cifras de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), por ejemplo, dan cuenta de que entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2017 las reservas netas registraron -6%. Un mes después se recuperaron en 15%.

Una reforma legal bastaba
Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), y Virgilio Hernández, exconsejero presidencial de Hábitat, observan que detrás de la pregunta 6 hay intereses corporativos.

Ambos concuerdan en que si existen problemas, el presidente Lenín Moreno puede hacer las reformas legales que considere pertinentes sin la necesidad de recurrir a la consulta.

“Si los arquitectos, ingenieros, constructores y promotores venden a precios justos todo se va a dinamizar, va a haber más empleo”, dijo Cordero, aseverando que al eliminar la ley está en peligro el plan ‘Casa para Todos’ porque el valor del suelo se incrementará.    

Como ejemplo de la elevación desmedida, Cordero mencionó que en Cuenca entre 1975 y el presente año el avalúo del metro cuadrado de un terreno aledaño al centro histórico se disparó 600 veces. En contraparte, añadió el funcionario, en ese mismo tiempo la remuneración de un maestro apenas creció 6 veces.

Hernández señaló que el 64% de las personas que adquieren un bien lo hacen precisamente para vivir.

Ellos no tienen ninguna repercusión, afirmó, porque el tributo afecta a quienes compran el inmueble y especulan con él.

Desmintió que el decrecimiento de la industria sea  consecuencia de la ley porque la misma es aplicada a partir del 30 de diciembre de 2016, más de un año después de que se presenten los primeros problemas.

El exconsejero manifestó  que cuando abandonó su cargo, en agosto de 2017, tenía avanzado un proyecto de vivienda popular.

Consultó si existían observaciones a la Ley de Plusvalía para incluirlas en el plan, pero “no se sabía lo que se requería reformar, únicamente se repetía lo de la derogatoria, sin saber qué cambiar”, finalizó. (I)