El primer debate para derogar la Ley de Plusvalía se desarrolló ayer en la Asamblea Nacional. La eliminación de la norma responde al pronunciamiento de la ciudadanía  (63,10%) a favor de la pregunta 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero.

Asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana rechazaron la eliminación de la norma. Ellos insistieron en que esta no afectó a la industria de la construcción y que es una herramienta efectiva para frenar la especulación del suelo.

Esteban Melo, Juan Cárdenas y Franklin Samaniego sostuvieron que la crisis del sector de la construcción empezó antes de la entrada en vigencia de la Ley de Plusvalía.

Samaniego manifestó que el principal problema es la especulación de “ciertos empresarios que se dedican a comprar inmuebles para luego venderlos a precios exorbitantes”.

Melo señaló que al eliminar la Ley se afecta al plan gubernamental de vivienda ‘Casa para Todos’.

Desde la derecha y el oficialismo se aplaudió la derogación de la ley pues consideraron que su implementación provocó la caída de la industria de la construcción y con ello se perdieron más de 115.000 plazas de trabajo en los últimos dos años.

Fernando Burbano (AP) mencionó que, según estadísticas oficiales, por la vigencia de la norma se perdieron inversiones por alrededor de $ 1.500 millones.

El negocio empezó a caer desde que el anterior gobierno anunciara el proyecto legislativo en el segundo semestre de 2015, señaló el parlamentario. Desde entonces, de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, el sector ha experimentado 27 meses de decrecimiento.

Burbano indicó que la situación mostró un mejor escenario cuando se oficializó la consulta popular, lo que elevó las expectativas de los compradores.

Luis Fernando Torres (PSC) señaló que la Ley de Plusvalía no cumplió con su objetivo y perjudicó a los ciudadanos con un excesivo impuesto del 75% a la ganancia extraordinaria. (I)