La crisis financiera más grande que ha atravesado el país fue la de 1999; ahora, luego de 16 años, finalmente se cierra el capítulo con la declatoria de insolvencia para quienes constaban como responsables de las entidades financieras que cerraron por los malos manejos y que causaron perjuicios millonarios a los ecuatorianos.

Son 9 personas que representaban a 5 bancos quienes fueron declaradas insolventes, entre ellas los hermanos William y Roberto Isaías, Juan Franco Porras, Fernando Aspiazu, Ernesto Balda, Iván Landes Guerrero, José Alejandro Peñafiel, Mario Alberto Larrea y José Peñafiel Escalante. Ellos tenían a su cargo a los bancos del Progreso, Filanbanco, Préstamos y Popular. Así lo anunció el presidente de la República, Rafael Correa, durante el último enlace ciudadano.

Esta lista es preliminar, puesto que la nómina final será entregada en los próximos días, una vez que concluyan las labores de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), creada en el Gobierno actual para determinar el nivel de responsabilidad en cada caso.

La Ugedep publica en su página web una lista con los nombres de 22 personas para quienes se pidió, a través de un acto judicial, que sean declarados insolventes, entre ellos las personas anteriormente citadas. Se trata de representantes de 10 entidades financieras. (Ver infografía)

Hernán Ramos, economista y experto en el tema del feriado bancario, detalla que fueron 23 bancos los que cerraron en la crisis del 99, estos representaban el 70% del sistema financiero nacional de la época. Solo entre los 10 bancos que publica la Ugedep, la pérdida financiera por la que se demanda a los responsables asciende a $ 2.852’812.259.

Implicaciones de la insolvencia

La declaratoria de insolvencia implica la suspensión de los derechos de una persona, puesto que esta no puede suscribir ningún tipo de contrato ni tampoco acceder a derechos políticos, aclaró el jurista Enrique Tamariz.

Esta decisión la determina un juez, luego de un proceso jurídico y de una sentencia ejecutoriada, y no es definitiva, por eso enfatiza que es una suspensión que puede ser revertida en el momento en que se subsane la deuda.

Tamariz recalcó que los ciudadanos insolventes no pueden firmar un contrato de trabajo, tener cuentas bancarias, tarjetas o comprar algún bien. Así lo confirma Roberto Palacios, analista económico y profesor de la Escuela de Negocios de la Espol (Espae). Él explicó que el estado de insolvencia llega únicamente luego de que el causante ha demostrado que no tiene activos con los cuales resarcir la acreencia.

Correa criticó que luego de 16 años este trámite no se haya realizado. Palacios indicó que con esta diligencia “se habilita al Estado para cerrar la quiebra financiera; de otro, modo en un futuro, la Contraloría ejecutaría a quienes dieron de baja esas deudas pero no extinguieron la deuda”, apuntó.

Ramos, quien maneja un blog en el que trata temas relacionados con la crisis financiera, resaltó que, sin lugar a dudas, este paso jurídico se trata de un punto crítico en la vida de una persona. Pero en este caso es más compleja la situación por la dimensión que tuvo en la vida de los ecuatorianos y los montos millonarios que se perdieron.

“Estas personas que eran responsables legales de los bancos que pasaron a manos del Estado fueron causantes de un perjuicio enorme, primero para la población y luego para el Estado, porque este debió colocar el dinero para cubrir las obligaciones de estos bancos porque quedaron los vacíos patrimoniales”, indicó.

Esto quiere decir que el Estado no solo tuvo que cubrir las obligaciones de los cuentaahorristas, sino que las cuentas de capital de estas entidades quedaron vacías, lo que era responsabilidad directa de los representantes de esos bancos.

Este ha sido un tema complicado, pues existen muchos intereses en juego, tanto así que durante el proceso los funcionarios de la Ugedep recibieron amenazas y presiones para “que este caso quede en la impunidad”, denunció el Jefe de Estado, quien recalcó que en este momento los casos están en indagación en la Fiscalía. Razón por la cual la entidad se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.

El Mandatario señaló que “ojalá se establezcan responsabilidades porque todo era una ‘argolla’ para mantener el atraco bancario y la impunidad, pero ya todo está definido”, indicó.

Ramos recordó que la crisis inició en 1998, tuvo su punto más crítico en 1999 y luego se agudizó con la dolarización en 2000. “El proceso ha sido largo, porque es complejo determinar los vacíos patrimoniales, porque la ingeniería financiera alrededor de los bancos nunca fue transparente, ese era un gran problema”, recalcó.

En ese año (1999) hubo una auditoría internacional al sistema financiero nacional y las fallas que permitieron que se diera la crisis provinieron de las mismas autoridades, porque no existía un control preventivo y efectivo por parte de la Superintendencia de Bancos. Esto permitía que no hubiera transparencia sobre los movimientos.

Además, Ramos recalcó que, cuando recién empezó el Estado a hacerse cargo, los procesos fueron lentos y burocráticos. Por esto se dilató la realidad del costo financiero de la crisis.

En cuanto a las responsabilidades de pago y lo que sucede con la deuda, una vez que se realiza el trámite jurídico, para Palacios, la deuda no se extingue, aunque para Ramos esta es una decisión ‘post mórtem’, porque las repercusiones económicas ya las asumió en su momento el Estado y, sobre todo, la sociedad que tuvo que pagar con sus recursos.

El experto en el tema recordó que el Estado tuvo que emitir bonos para cubrir las obligaciones de los bancos cerrados, así que el tema financiero ya quedó pagado.

Hay mayores controles

La crisis provocó que las leyes financieras cambiaran, que ahora brinden mayores seguridades. Ramos recordó que antes las mismas leyes tenían muchos vacíos, no se sancionaban los créditos vinculados ni se exigían mayores transparencias. “La legislación de aquella época era muy mala y encima las autoridades que controlaban eran cómplices del proceso”.

Ahora existen mayores controles y la ciudadanía puede saber con mayor seguridad cuál es la situación real de los bancos. Existe también un seguro de depósitos que se hace responsable de una eventual crisis. También se manejan mayores alertas y se controla de forma más eficiente la entrega de créditos para evitar las vinculaciones. (I)

Datos

El feriado bancario se decretó el 8 de marzo de 1999 y se extendió hasta el 12 de marzo. Durante 5 días las personas se volcaron masivamente a los bancos para tratar de recuperar sus ahorros.

La comunicación a los bancos fue emitida por la Superintendencia de Bancos; 3 días después, Jamil Mahuad, presidente de la época, firmó el congelamiento de depósitos y créditos en el sistema financiero.

Según el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, de comprobarse la insolvencia, se declara la quiebra.

El mismo cuerpo legal estipula que el deudor, en un término de 3 días, podrá oponerse a un juicio pagando su deuda o dimitiendo bienes suficientes.