Con el fin de ir solucionando los problemas que determinó la crisis bancaria de 1999, el presidente de la República, Rafael Correa, remitió el martes pasado a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, en el cual, uno de sus objetivos es dar una salida a los deudores de buena fe de la banca cerrada.

El Ejecutivo aseguró que es ‘imperioso’ dar por concluidos los procesos de pago de miles de acreedores perjudicados de la banca cerrada, con esquemas que permitan facilitar el cobro de la cartera adeudada, restituir a los ecuatorianos la confianza en el sistema financiero y en las políticas gubernamentales de supervisión y control de este sector; así como optimizar los recursos generados por la venta de activos y recuperación de cartera de las instituciones financieras extintas y redimir las obligaciones del mayor porcentaje de acreedores perjudicados por la crisis bancaria.

“El establecimiento de un marco normativo como el que se propone, permitirá optimizar recursos del Estado destinados por casi 15 años a solventar los manejos irresponsables de activos y cartera de las instituciones financieras extintas por parte de sus accionistas y administradores, y a su vez facultará a los depositarios de la banca cerrada, perjudicados por la endémica crisis, a recuperar sus acreencias en condiciones justas, poniendo fin a un capítulo nefasto de la historia económica del Ecuador”.

Bajo estas consideraciones, el Ejecutivo, en el artículo 17 de la propuesta de ley, plantea: “Extinción de obligaciones.- Las obligaciones adquiridas con las instituciones financieras extintas en las que el deudor ya hubiera entregado los activos constituidos en garantía o en las prendas o hipotecas hubieren sido embargadas para el pago de la deuda, quedarán extintas, a petición de parte interesada”.

Además, en el artículo 18, se deja en claro que los deudores que se acogieren al recálculo que realice el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Corporación Financiera Nacional (CFN) y que hayan suscrito los documentos del nuevo crédito, así como los garantes, serán excluidos de los registros de información crediticia y sus historiales crediticios serán restablecidos en el Registro de Datos Crediticios, o la institución que haga sus veces. El BCE y CFN notificarán a la Superintendencia de Bancos y Seguros y al Ministerio de Relaciones Laborales acerca de estos casos.

También, las entidades del Sistema Financiero Nacional o aquellas facultadas para conceder becas o ayudas económicas para fines académicos, no considerarán para el otorgamiento de créditos, la calificación e historial crediticio de los deudores restablecidos por los mecanismos previstos en esta ley que actúen en calidad de solicitantes, representantes legales, fiadores o garantes.

El Proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria del Ejecutivo cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, cuyo titular, Fausto Herrera, en oficio enviado al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sostiene que “una vez que se ha analizado el contenido del Proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y sobre la base del informe técnico emitido por la Subsecretaría de Política Fiscal, esta cartera de Estado considera que dicho proyecto de ley generaría impacto fiscal no significativo; razón por lo cual el Ministerio de Finanzas emite el dictamen favorable correspondiente ...”.

De su parte Roberto Parra Guzmán, vocero de los deudores de buena fe de la banca cerrada, tras resaltar el hecho de que el Presidente haya acogido sus criterios en la propuesta de ley, dijo que la misma está dirigida a aproximadamente 3.000 deudores de buena fe no vinculados, que han sido personas que se vieron perjudicadas por el cierre de los bancos.

Sin embargo, cree que existen temas que podrían ‘mejorarse’, ya que considera que la normativa no solo debe ser para recuperar dinero sino para solucionar los problemas de quienes fueron ‘víctimas’ de la crisis financiera de los años noventa en el país.

“Hay cosas que todavía estamos por conversar en la Asamblea”, manifestó el dirigente, al tiempo de señalar que no están de acuerdo con el plazo de 5 años que se establece para el pago, ya que el tiempo es insuficiente, debido a que los deudores son personas quebradas o tienen sus negocios quebrados, por lo que plantearán que se otorgue un tiempo de gracia y un plazo más largo para el pago.

Además, dijo que no están de acuerdo con el método que se establece para la reliquidación. “Es conveniente para quien pagó mucho, pero hay deudores que no pudieron pagar porque la planta se paró y además están enjuiciados, por lo que creen que hay que tener una consideración para aquel que no canceló, ya que ha estado discapacitado para pagar”.

También propondrán una condonación para ciudadanos con enfermedades catastróficas o terminales, que ya físicamente no pueden trabajar.

“Creo que la ley tiene que ser más que para cobrar, para la recuperación del ciudadano, de reactivación del ciudadano”, sentenció Parra, al tiempo de indicar que participarán de todo el proceso de aprobación de la ley, que se cumplirá en la Asamblea Nacional.

En tanto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la propuesta del Ejecutivo y dispuso que sea tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el legislador Juan Carlos Cassinelli.