A dos días de cumplirse 18 años del  feriado bancario, decretado el 8 de marzo de 1999 por el presidente Jamil Mahuad, EL TELÉGRAFO rememora los orígenes de la más severa crisis que perjudicó a miles de cuentahabientes y provocó el éxodo de cerca de dos millones de ecuatorianos hacia el exterior.

La tragedia tuvo sus raíces durante la administración del binomio conformado por el presidente Sixto Durán-Ballén y el vicepresidente Alberto Dahik (1992-1996), que promovió la privatización de lo público amparada en un conjunto de normativas concebidas como parte de la “modernización del Estado”.

Dahik y la entonces presidenta de la Junta Monetaria (JM), Ana Lucía Armijos -actualmente consultora del Banco Mundial en EE.UU., según LinkedIn- fueron los promotores de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, promulgada en mayo de 1994 (ver infografía).

Para el sector bancario aquello fue motivo de celebración porque amplió la gama de servicios que podían ofrecer bajo el concepto de “banca múltiple”, permitiendo a los banqueros incursionar en nuevas operaciones.  

Lo cierto es que la norma redujo los controles sobre la banca, debilitó la cartera bancaria y las reservas internacionales, liberalizó las tasas de interés y simplificó el marco legal del sector financiero, resume el portal ‘Memoria de la crisis bancaria’.

Permitió el desarrollo de los créditos vinculados que eran préstamos que los bancos otorgaban a sus propios accionistas o administradores en beneficio de sus empresas, sin garantías suficientes que sustenten la transacción.

Al amparo de esta ley, el Estado salió al rescate de la banca en crisis, a través de millonarias operaciones crediticias so pretexto de “garantizar” la estabilidad del sistema financiero.

Luego de dos años de aprobada la norma, uno de los bancos más grandes del país, Banco Continental, ya entraba en crisis.

El 20 de marzo de 1996 el BCE, cuyo gerente era Augusto de la Torre -ahora jefe del Banco Mundial para la región- concedió al Banco Continental un crédito subordinado de 485.400 millones de sucres ($ 133 millones en ese tiempo).

La transacción fue avalada por los 16 miembros de la Junta Monetaria, encabezada por Armijos. Otro de quienes conocieron y aprobaron el préstamo fue el actual candidato a la presidencia por CREO-SUMA, Guillermo Lasso, vocal principal de la junta en representación de los bancos privados.

Así consta en el Acta Nº 2562 de la sesión plenaria reservada de la Junta Monetaria del 19 y 20 de marzo de 1996.

El argumento fue “fortalecer” el patrimonio del Banco Continental, según el artículo 147 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

La institución no pagó la deuda y por un fideicomiso suscrito dentro del crédito, el BCE asumió el control de la dirección y administración del “nuevo” Banco Continental.

El Central reemplazó al presidente ejecutivo, Leonidas Ortega Trujillo, por el economista Pablo Lucio Paredes, quien desempeñó funciones por 4 meses.

De la Torre, en declaraciones a este medio en 2015, dijo que mientras el banco estuvo a cargo de los hermanos Ortega su patrimonio se “esfumó”, por ello era responsabilidad del BCE recapitalizarlo.   

“Esa ley concedió más libertades para los créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado, a más del debilitamiento a los controles que antes llevaba la Superintendencia de Bancos. Incluyó la autorización para evadir controles directos con la banca offshore, trastienda posterior de enjuagues contables para maquillar la contabilidad de una parte de la banca domiciliada en el país”, señalaba en 2007 Jorge Rodríguez, exvocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y actual miembro de la Comisión Anticorrupción, en su artículo ‘Cuantificación de un monumental atraco’.

A partir de lo ocurrido con el Banco Continental, el resto de banqueros utilizó ese marco legal a su favor para exprimir recursos al Estado valiéndose de la iliquidez que enfrentaba el sector financiero en ese momento, entre otras razones, por el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. (I)