Quito y Guayaquil.-

Al mismo tiempo que el expresidente Jamil Mahuad disponía el congelamiento de los depósitos por un año -en el decreto 685 del 16 de marzo de 1999-, también establecía que las instituciones financieras (IFI) debían emitir Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR).

Los papeles representaban los recursos que los depositantes mantenían congelados en los bancos. Para cobrar el dinero debían esperar al vencimiento de los documentos o negociarlos.

Se entregaban en forma total o fraccionada a solicitud del depositante con un mínimo de  cinco millones de sucres y $ 1.000. Los títulos  eran transferibles por vía de endoso y servían como medio de pago de obligaciones que tuvieran como acreedor a la institución financiera emisora, la cual estaba obligada a recibirlos por su valor nominal.

Más tarde el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró la inconstitucionalidad del decreto 685.

Dos decretos adicionales ese mismo año (770 y 1226) redujeron el tiempo de devolución de los depósitos entre 180 y 210 días. Además permitieron que cualquier persona natural o jurídica con créditos con IFI en proceso de reestructuración o saneamiento, pudieran cancelar sus deudas con CDR de otra institución.

“Era una forma de decir que no habían perdido los dineros sino que luego se los devolvían, dado que el Estado no tenía fondos y esperaba vender los activos y el patrimonio de los dueños de los bancos”, describió el analista económico Guido Macas, de la Universidad Ecotec.

Los documentos eran utilizados como medios de pago para cancelar deudas con los bancos en crisis, inversión, adquisición de vivienda,  comprar vehículos y pagar impuestos (cuando los CDR tenían valores en sucres) .

También se los podía negociar en el mercado bursátil, mediante las bolsas de valores a cambio de una comisión por la operación. La Bolsa de Valores de Quito, por ejemplo, cobraba un 0,1% del valor nominal del título.

El funcionamiento de los papeles  cambió con el decreto 1492 del 10 de noviembre de 1999. Los CDR recibidos por las IFI en saneamiento debían ser entregados a la Corporación Financiera Nacional (CFN). Aquello provocó la iliquidez de la institución estatal (ver infografía).

Los CDR podían ser usados para cancelar las obligaciones por vencer o vencidas al 100% de su valor nominal, incluyendo intereses y otros recargos, hasta el 31 de julio de 1999. Las instituciones financieras  también los emplearon para pagar sus deudas con la CFN.

Un informe de la entidad, difundido este 8 de marzo por la agencia de noticias Andes, revela que los tres bancos que más aprovecharon los CDR para saldar obligaciones fueron: Filanbanco, Previsora y Multibanco BG (Banco de Guayaquil). Según el documento, 32 IFI pagaron deudas a la CFN a través de los certificados por un monto de $ 290,1 millones, entre noviembre de 1999 y septiembre de 2002.

“La CFN se convirtió en el basurero de los CDR. En el corto plazo se llenó de papeles y sus indicadores financieros se fueron en picada. Asumió la deuda de los banqueros pero con papeles. Su morosidad aumentó, el nivel de liquidez bajó y ya no pudo recuperar su operatividad”, explicó Macas.

El experto señaló que los grandes beneficiarios fueron quienes tenían liquidez en efectivo y no en papeles.  

Agregó que personas de poder económico tuvieron ‘privilegio de información’, sacaron sus recursos para guardarlos y luego se aprovecharon de las necesidades de los ahorristas que querían efectivo y vendían sus títulos con descuentos de hasta el 70%.

“Compraban los CDR a precios de gallina enferma y los canjeaban al 100% en la CFN o en el pago de impuestos”, subrayó Macas.

Aparecieron negocios clandestinos -que no pagaban impuestos- que sacaban utilidad de la crisis poniendo oficinas para comprar los documentos financieros y revenderlos a personas que se conocía tenían deudas con bancos, recoge la tesis ‘Efectos e influencia de los CDR durante el período 1999-2000 en el mercado ecuatoriano’ de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), elaborado en 2001 por Alejandra León.

El especialista Pablo Jaramillo manifestó que todo banco privado que negoció esos papeles recibió un beneficio, independientemente de si quebraron en la crisis bancaria.

“La (entidad) que quebró perdió la propiedad del banco, pero como habían créditos vinculados, los dueños no se perjudicaron y siguieron manejando los negocios. Se transfirieron los recursos de los ahorradores a los deudores”, acotó Jaramillo.

En la publicación de Andes, la exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, indicó que “los depositantes tenían la opción de recuperar los recursos antes del plazo fijado en los papeles vendiéndolos en el mercado, pero ahí se compraron con un descuento de entre el 40% y 50%”.

El pasado 2 de marzo, Doris Soliz, secretaria ejecutiva de Alianza PAIS, en una entrevista televisiva señaló al candidato presidencial por CREO-SUMA, Guillermo Lasso, “como beneficiario de ese criminal feriado bancario, desde el cual, con el banco de Guayaquil, negoció los Certificados de Depósitos Reprogramados a 40 o 50% menos para aquellos ciudadanos que requerían sus ahorros”.   

Inmediatamente el procurador judicial del Banco de Guayaquil, Juan Fernando Noboa Baquerizo, salió al paso de estas acusaciones y contestó en una carta dirigida a Soliz que la institución que representa “nunca negoció ningún CDR”, asegurando que los títulos recibidos “le fueron entregados al valor nominal por deudores para cancelar sus obligaciones, tal como lo ordenaba el decreto ejecutivo 1492”. (I)