Con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la noche del lunes, en segundo debate, el proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.

La normativa da facilidades para que 31 mil personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones de pago pendientes, a través de la ampliación de los plazos. Incorpora en el recálculo a los deudores de la cartera cerrada de la Corporación Financiera Nacional que no pudieron cumplir con dichos convenios. Habrá un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para que opere dicho recálculo.

También autoriza al Banco Central la venta de la cartera a una compañía de servicios auxiliares de cobranza, de mayoría accionaria pública para la gestión de la cartera de la banca cerrada.

Se condonan las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco de Fomento en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5% del saldo de capital dentro del plazo de 180 días.

La propuesta legal deja sin efecto la suspensión de los beneficios concedidos por la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, a los deudores que, habiendo suscrito convenios de recálculo hubieren incumplido dos pagos consecutivos. Estos deudores tendrán el plazo de 90 días para solicitar al Banco Central la modificación del convenio. Los que no hubieren suscrito convenios, tendrán el plazo de 90 días para solicitarlo y 120 días para suscribir el beneficio que podrá contener opciones de fraccionamiento de la operación y de sus garantías, previa autorización de la entidad financiera respectiva.

Uno de los elementos importantes incorporados en la ley es el relacionado con la aplicación del principio que más favorezca al deudor, en el proceso de solución de las respectivas obligaciones. El plazo para la cancelación de las deudas será de 12 años, incluido un año de gracia. 

En el debate, los diferentes sectores políticos expusieron sus puntos de vista en torno al proyecto. (I)