La Ley de Reactivación Económica cumple con el propósito de fortalecer la dolarización, aseguró Christian Cruz, superintendente de Bancos de Ecuador, quien considera que los tiempos son suficientes para que la Asamblea Nacional resuelva este mismo año si se allana o no al veto presidencial.

Cruz está de acuerdo con los cambios incorporados en la objeción del Ejecutivo. El superintendente reflexionó sobre la tarea que efectuará el sistema financiero para generar confianza entre la ciudadanía permitiendo la masificación de los medios de pago electrónicos.  

¿El cambio para que un tercero pueda brindar el servicio de información crediticia responde a la carta que envió el Adjunto de Comercio de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, John Melle?
La motivación del veto la sabrá decir el Ejecutivo. Nosotros creemos que se mantiene el espíritu original del proyecto de ley que es democratizar la información al ciudadano. Para que todos los usuarios del sistema financiero tengan claro qué se dice de ellos. No estamos en contra de que un tercero brinde el servicio.

¿Cómo funcionará?
El manejo tiene algunas etapas. La consulta de la ciudadanía, que estará en el organismo de control, será gratuita para que todo ciudadano acceda a través de la página web de la Superintendencia de Bancos. Lo podrá hacer las veces que quiera, de manera libre, sobre todo gratuitamente.

Otras etapas son cuando las instituciones financieras o no financieras que dan crédito necesitan consultar. Otra son los servicios de valor agregado, desarrollo de modelos crediticios específicos, etc.

La información debe ser gratis para el usuario. Si un tercero quiere consultar su información, está bien que pague por el acceso. Esa data no le pertenece a la Superintendencia de Bancos ni al buró de crédito, le pertenece al deudor.

¿Cuál será el futuro del buró de crédito Equifax?
Una vez que se apruebe la ley hay que ver cómo vamos a trabajar en la Superintendencia de Bancos. Hay que recopilar con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la información crediticia de las cooperativas y trabajar en empresas. Una vez que tengamos eso hablaremos de la siguiente etapa, que es la participación de terceros.

¿Cuál fue el error para que el dinero electrónico no haya despegado?
Ese mecanismo, mal denominado ‘dinero electrónico’, era únicamente un medio alternativo de pago al igual que una tarjeta de crédito o débito.

Como estaba diseñado, con la parte legal y normativa, no era más que un medio de pago adicional, de ninguna manera se podía pensar que era dinero. En otros países se lo puede denominar ‘billetera electrónica’ porque para transaccionar con el celular no necesariamente se debe abrir una nueva cuenta.

El nombre siempre estuvo mal porque no se emite dinero y sobre ese concepto se generó un ataque político al producto y a la confianza en el Banco Central.

Ahora que pase a la banca va a tener que reestructurarlo, renombrarlo para generar confianza. No importa quién lo maneje, sino que la ciudadanía lo utilice y gradualmente deje de usar el papel moneda. Cualquiera de los dos (Central o sistema financiero) lo hará bien.

¿El fomento compartido de los medios electrónicos de pago se refiere a la promoción o a una administración conjunta entre el Central y el sistema financiero?
No hay un sistema compartido. Eso lo tendrán la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito. La promoción puede ser en conjunto, porque no solo es un interés de la banca, sino también de la economía del país para usar medios alternativos de pago.

El veto dispone que el transporte terrestre de los Gobiernos Autónomos Decentralizados que superen los 200.000 habitantes adicionen un medio electrónico para el cobro de pasajes ¿esto será obligatorio?
La norma da un tiempo para que las ciudades grandes incorporen estos mecanismos electrónicos de pago. No está diciendo que deben acoger uno en particular, cada ciudad puede decir cuál es el mejor. Hay muchos mecanismos que ya se utilizan.

En otros países tienen sistemas integrados; por ejemplo, para el metro la gente casi no paga en billete y si quiere cancelar así tiene que hacer una extensa fila. Será una opción de pago, pero es importante que se la incorpore en todas las unidades de manera integral.

¿Bajo qué criterios se realizará la revisión de los costos financieros?
Esa será atribución de la Junta Monetaria. La Superintendencia de Bancos analizará los costos y el número de transacciones.

Como dice la ley, si se busca masificar (el uso de medios electrónicos) y el número transaccional crece, también se debería hacer una revisión de esos costos que permitan e impulsen el crecimiento; es decir, que a la gente le llame la atención utilizar ese servicio y que el precio no sea una barrera de acceso.

¿Qué momentos se van a considerar como ‘casos excepcionales’ para que la banca cubra la demanda de liquidez? ¿Qué metas fijará la Junta Monetaria?
La meta es la que propuso la misma banca (reducir $ 800 millones en efectivo al año). Ellos se comprometieron que utilizando y masificando los medios de pago alternativos, eso se traduzca en una disminución de la demanda de billetes físicos. ¿Pero qué pasa si un banco se esfuerza más y otro menos? Si hay un objetivo global del sistema, la idea es que el banco que no se haya esforzado tenga que cubrir la cuota que le corresponde con sus propios activos. El banco que cumple, no tendrá que traer los recursos. (I)