El pasado 2 de octubre la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Crédito, lo que ha provocado varias reacciones, especialmente en los representantes del sector privado, quienes han propuesto la coexistencia entre organismos privados y públicos que presten este servicio a los ciudadanos.

“Ya hemos intentado acercarnos al Gobierno con la propuesta de que el Registro de Datos Crediticios y la empresa privada podamos trabajar conjuntamente y así permitir que los usuarios sean quienes decidan la mejor opción”, señaló Carlos Díaz, apoderado en el país del buró Equifax.

El delegado de la multinacional indicó que el 90% de los ecuatorianos que han utilizado servicios del sistema financiero es “excelente pagador de deudas”, por lo que afirmó que, con la presencia de dos organismos, sería factible incrementar el índice y el acceso a créditos podría incrementarse.

Es así que, según datos de un estudio realizado por el Grupo Spurrier, la apertura de préstamos ha crecido en un 277% en casas comerciales en el período comprendido entre 2007 y 2011, siendo este sector el mayor dinamizador del crédito.

Más atrás se ubican las entidades manejadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) con un 127%, las reguladas por la Superintendencia de Bancos (SBS) con un 64%, dejando a los bancos y otras sociedades financieras con un 49,6%.

Alberto Acosta Burneo, del Grupo Spurrier, explicó que la presencia de los burós ha permitido que el año anterior el número de personas que obtuvieron microcréditos se haya incrementado en un 37,2% respecto a 2007, además de que el monto subió en un 88,8%, debido a que el comercio y la banca han tenido acceso inmediato a la información de la ciudadanía por medio de canales electrónicos. “La eliminación de los burós reducirá la cantidad y la calidad de la información y de los análisis de datos crediticios, lo que determinará un aumento en el tiempo requerido para la adopción de una decisión crediticia”, indicó.

Sin embargo, dentro de la Asamblea se defiende el proyecto legal, que fue aprobado con 100 de 124 votos a favor. El presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, Francisco Velasco, aseveró que esta ley beneficiará a quienes tienen que pagar cantidades mínimas de dinero, pues no irán a la lista de personas con problemas crediticios quienes deban menos de $ 44.

Además, explicó que se busca evitar prácticas como la venta de bases de datos a empresas de call center, que se comunican con los usuarios para ofrecerles tarjetas de crédito y préstamos.

Ante ello, Díaz negó que los burós incurran en esta ilegalidad. “Respetamos totalmente la privacidad de nuestros clientes, pues somos empresas que solamente manejamos información y la enviamos a la Central de Riesgos”,  indicó.

En el país está en funcionamiento solo un buró, Equifax; otro, Infocredit, se quedó a la espera de saber qué ocurre con el proyecto para decidir si ingresa o no al mercado. Cuando la Ley de Burós de Crédito entró en vigencia en 2002, seis compañías prestaban el servicio.

El proyecto de ley se encuentra ya en proceso de análisis en la Presidencia de la República y quedan 17 días -hasta el próximo 4 de noviembre- para su promulgación definitiva o veto parcial o total.