El anuncio del Gobierno de cobrar anticipadamente el Impuesto a la Renta a 1.118  grandes contribuyentes es visto con diferentes matices. Para el sector empresarial la medida es un golpe, pero analistas  consideran que el Estado no tiene otra opción para lograr liquidez de caja.

La medida está encaminada a empresas que lograron utilidades en lo que va del 2020 deberán pagar anticipadamente, con el fin de recaudar $ 280 millones destinados para salud y a la iniciativa Reactívate Ecuador. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, se pronunció sobre el tema. "Rechazamos el anuncio cuando en este momento la liquidez es la que está afectando a las empresas, es un golpe al empleo, no está bien pensar que solo es a un grupo que se va a afectar, también afectará al resto del encadenamiento".

Jorge Coronel, analista económico, también expresa su preocupación. Para él, si bien existe la necesidad del Estado por recursos económicos, esta medida que involucra al sector privado no es lo más recomendable. "Esto socava la confianza que existe en la empresa e inversionistas, porque es más la búsqueda de recursos, posiblemente destinados en función de seguir cubriendo deuda o apalancando un Estado obeso", dice. Sostiene que siempre hay otras soluciones, como reducir el tamaño del Estado, el gasto ineficiente o continuar con la liquidación de las empresas públicas. 

De su parte, Carlos Calderón, analista tributario, la decisión es una facultad constitucional que tiene el presidente Lenín Moreno debido a la debilidad política ante la Asamblea. "El anticipo a la fecha es un concepto voluntario, sin embargo este decreto ley es que se vuelve obligatorio para determinado contribuyente que haya obtenido utilidad, no obstante la medida es temporal", explica. Es decir, añade, no es un impuesto definitivo, es susceptible de ser compensable con el Impuesto a la Renta que se emitiera en 2021;  "el Estado está con una presión enorme por la obtención de recursos que debe apostar por la recaudación tributaria".

Con el cobro anticipado se espera recaudar $ 280 millones, opina Calderón quien considera que el Estado no tiene opciones, pues ha perdido el apoyo en la Asamblea para las reformas tributarias, por lo que tuvo que recurrir a una facultad constitucional.

Para el Gobierno, esta medida obedece a la realidad económica actual del país, afectada como consecuencia de la propagación del coronavirus. La directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, manifestó el lunes que gracias a este impuesto se ayudarán a 125.000 empresas que necesitan recursos. Además, las micro, pequeñas y medianas compañías están exentas de esta contribución. (I)