El Ministerio de Trabajo descartó la suspensión de la jornada laboral durante tres meses sin pago de sueldo ni aportes a la seguridad social, dentro de las reformas laborales que prepara el Ejecutivo para enfrentar la emergencia sanitaria.

Esta alternativa estaba en el análisis de la cartera de Estado, pero el titular del ramo, Luis Poveda, indicó que luego de una profunda evaluación, se determinó que esa modalidad no sería viable “porque se atenta a los derechos de la clase trabajadora”.

Lo que sí está previsto dentro del proyecto de ley, dijo el Ministro ante la Asamblea Nacional, son los acuerdos mediante el diálogo social. Además recordó que “tenemos el contrato especial emergente, que es por tiempo definido (de dos años) y se celebra para nuevas inversiones o líneas de negocios”.

La jornada laboral en este tipo de contratación será mínima de 20 horas a 40 horas semanales, estas podrán ser distribuidas en seis días a la semana.

Aclaró que la remuneración será proporcional al horario pactado, luego que finalice el contrato después de los dos años, "continúa la relación laboral, pero como tiempo indefinido", aclaró.

El empleador podrá administrar y modificar de manera inmediata el goce de las vacaciones ya devengadas o adelantadas de los siguientes dos años.

La reducción de la jornada laboral de 40 a 30 horas también está considerada por casos fortuitos. El empleador deberá solicitarlo al ministerio y durará dos años renovables, por una sola vez, por el mismo período.

Si una empresa se acoge a la jornada reducida, no podrán repartirse dividendos a los accionistas ni despedir a sus trabajadores. Caso contrario se le indemnizará al trabajador.

“Se busca precautelar la fuente de trabajo; es uno de los principios fundamentales de esta crisis sanitaria, económica y social”, indicó.

Poveda aseguró que el proyecto de ley está adelantado; “es cuestión de horas para que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo envíe a la Asamblea Nacional.

Propuestas legales
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en el Foro de Reformas Laborales ante el covid-19, indicó que una de las principales repercusiones que tiene la emergencia en el mundo es justamente el impacto económico.

Para ello son necesarias las propuestas laborales, la transparencia en el manejo de recursos económicos y las acciones que van a permitir reactivar la economía.

El mercado laboral es uno de los más afectados durante la emergencia y también uno de los más complejos de abordar, pero todas las partes buscan acuerdos.

Eso sí, los trabajadores rechazan los despidos intempestivos que han ocurrido en este último mes. Creen que es necesario que las pequeñas y medianas empresas reciban recursos para poder mantener a los trabajadores.

Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores (Cedocut), apoya el cambio de estructura y de modelo. “El virus ha desnudado varias verdades que han estado tapadas por grupos interesados”, señaló.

Además advirtió que el contexto actual es distinto al que vivíamos antes de marzo. “Las reformas planteadas por el Gobierno y los empresarios no deben ser las mismas del contexto antes del covid”.

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, José Villavicencio, cree que hoy no es necesario reformar el Código de Trabajo. “Lo primordial es buscar los mecanismos para garantizar el empleo, la comida y medicina”.

Por su parte, Solimar Herrera, docente de la Universidad Central del Ecuador, señaló que los despidos restringen el consumo de los hogares. Esto aplica al sector público, pues si no se pagan sus salarios “hay una crisis dentro de los hogares; es un círculo”.

Del lado de los empresarios, Pablo Campana, también exministro de Comercio Exterior, cree que el país necesita una reforma estructural completa, “no paños de agua tibia, un rediseño integral de sus políticas tributarias”.

El empresario apuntó que no es adecuado que cada año el Ejecutivo envíe una o dos reformas tributarias con distintos nombres. “Al final no brindan confianza y no alcanzan para las necesidades que requiere el país”.

Empresario propone acuerdos
Campana, propone reformas laborales sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por la paralización de sus ventas.

“Yo propongo un Gran Acuerdo Nacional del Empleo que tenga como objetivo la defensa del empleo existente y la creación de nuevos empleos”, señaló.

Recomienda reformar el Código de Trabajo con medidas que privilegien el acuerdo entre el trabajador y el empleador, sin desconocer derechos como el acceso la seguridad social.

Además indica se deben retomar los contratos a plazo fijo u otras formas de contratos temporales según la actividad productiva.

También considera que la legislación debe facilitar la migración a la jornada parcial en todas las modalidades de trabajo.
Otro punto importante para Campana es flexibilizar los horarios de trabajo y turnos de acuerdo con cada función, sin que esto implique costos adicionales para la empresa.

No a despidos intempestivos
Una de las principales propuestas por parte de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores (Cedocut) es que se prohíban los despidos intempestivos en esta crisis.

Cree que existe una debilidad en el Gobierno en determinar claramente su prohibición. Esta disposición debía quedar establecida en el momento que se dictó el estado de excepción.

Piden al Gobierno que apoye a las pequeñas y medianas empresas con créditos de la banca pública y privada a bajos intereses, para preservar los empleos.

Consideran que es hora de renegociar los contratos con las telefónicas, lo que dejaría varios millones para afrontar la crisis.

Además exigir el pago de los grandes grupos económicos que han estado evadiendo sus obligaciones.

También la condonación y suspensión de pago de deuda externa; creen que fue un error pagar los bonos 2020 en el contexto de la emergencia. 

Teletrabajo ha sido positivo
Jhony Briones, exsecretario del sindicato de trabajadores del Gobierno Provincial de Manabí, indicó que en la emergencia sanitaria el teletrabajo ha sido una experiencia positiva, tanto en el sector público como en el privado.

“Quizás no se tienen todas las herramientas necesarias”, pero con un pico más de perfeccionamiento va a servir como una modalidad de trabajo.

Especialmente para personas con discapacidad y mujeres embarazadas; también para aquella personas que tienen que cuidar a sus familiares con grados de discapacidad.

La medida permite a las empresas cumplir con el porcentaje de trabajadores y ellos pueden laborar desde la comodidad de su hogar; y las madres pueden pasar más tiempo con sus hijos.

El acuerdo ministerial debe ser claro y permitir que el trabajador tenga la facultad de solicitar esta modalidad y no solo esperar a que el empleador le diga que lo tiene que hacer. (I)