Quito y Guayaquil.-

Un total de 16.929 campesinos y pescadores artesanales podrán acogerse a la condonación de intereses y recargos por deudas impagas con el extinto Banco Nacional de Fomento (BNF), de acuerdo a los parámetros propuestos en el proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores.

Las operaciones crediticias acumulan un capital total de $ 74,9 millones. El dato lo proporcionó Lourdes Rodríguez, gerente general de Servicios de BanEcuador (sustituye al Banco de Fomento) y exsubgerente del BNF (en liquidación desde mayo de 2016).

Rodríguez y otras autoridades del sector financiero comparecieron ayer ante la Comisión de Régimen Económico como parte del tratamiento de la Ley de Reestructuración de Deudas.

El proyecto plantea condonar las costas, gastos, recargos, intereses, e intereses por mora de las operaciones de crédito de hasta $ 20.000 concedidas para el financiamiento de actividades agropecuarias y pesqueras artesanales, siempre que los deudores paguen al menos el 10% del saldo capital dentro de un lapso de 150 días contados a partir de la vigencia de la ley.

Por ejemplo, si un campesino contrajo una deuda por $ 10.000 en 2013 pero con el paso del tiempo los intereses y recargos sumaron $ 5.000 adicionales, el BNF “perdonará” el último rubro solo si en el plazo estipulado el agricultor paga el 10% del monto inicial ($ 1.000).

En ese sentido, explicó Rodríguez, se condonarían $ 42,52 millones. Los favorecidos se localizan, principalmente, en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas. El grueso de las operaciones se concentra en créditos de hasta $ 5.000, las cuales abarcan el 67,93% de la cartera del BNF.

Una vez absueltos los intereses, los campesinos y pescadores, según la normativa, podrán solicitar la reestructuración o refinanciamiento de los pendientes en un plazo que no supere los cinco años.     

En este caso, siguiendo el ejemplo anterior, el deudor tiene la posibilidad de pedir un nuevo tratamiento a la deuda de $ 10.000.

El asambleísta Virgilio Hernández (AP), presidente de la Comisión, manifestó que se analizará con detenimiento si el plazo sugerido para cancelar el 10% del capital se ajusta a los períodos productivos.

La razón de condonar recargos a los segmentos mencionados obedece a que en los últimos años sufrieron pérdidas significativas a consecuencia de fenómenos naturales y, además, por el debilitamiento generalizado de la economía nacional desde 2014.

Rodríguez sugirió analizar la factibilidad de incluir en la condonación a otros sectores productivos que guarden relación con los segmentos agropecuario y pesquero.

Nixon Zapata, miembro de la Asociación 16 de Septiembre del cantón Montalvo (Los Ríos), mencionó que la condonación es importante porque el sector agrícola atraviesa una difícil situación a causa de los efectos climáticos y los bajos precios de los productos.

“Que sea para el agricultor que realmente lo necesita o para el que ha perdido su producción, y que se lo haga mediante un censo agrario para conocer quién verdaderamente debe beneficiarse”, comentó.

Zapata conoce de agricultores que no pueden acceder a un crédito en la banca pública por las deudas que mantienen en el BNF.

Milton Yulán, de la Coordinadora Tierra y Vida, consideró que es necesario incluir a las organizaciones campesinas que han sido beneficiarias de las compras por la adjudicación de tierras rurales, dentro del proyecto Plan Tierras, y que no han cumplido con sus compromisos de pago por la falta de acceso a crédito. También recomendó incorporar   a los campesinos que recibieron la adjudicación de sus terrenos por parte de la Subsecretaría de Tierras.

Facilidades de pago para deudores de buena fe de la banca cerrada

A la Comisión también acudieron el ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Martínez; la gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Madeleine Abarca; y Katia Torres, funcionaria del BCE.

Ellos explicaron los nuevos mecanismos planteados para que los deudores de buena fe salden sus cuentas con las instituciones cerradas por el feriado bancario.

Martínez indicó que se trata de normas que resolverán temas pendientes en la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, aprobada en 2014. Fundamentalmente, aseguró el Ministro, se otorgarán mayores facilidades de pago a los deudores.

En concreto, dijo, se suspenden los procesos de coactivas durante 60 días; se otorga un plazo que podría llegar hasta 12 años especialmente para aquellas deudas de carácter hipotecario, también para deudores vinculados que tengan montos de hasta $ 150.000.

Aclaró que lo último no beneficiará a los grandes deudores vinculados. Ellos podrán acogerse a opciones de recálculo.

Un último elemento señala la condonación de deudas de origen hipotecario de hasta $ 150.000 en caso de fallecimiento del deudor principal. Cuando la deuda hubiera sido adquirida en sociedad conyugal o en unión de hecho, la disposición se aplicará con el deceso de uno de los deudores.

El BCE trasladará la cartera a la compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza Recycob S.A., que se encargará de cobrar todos los valores. Madeleine Abarca indicó que la norma extiende de 2 a 6 meses el plazo máximo de incumplimiento de pagos, después de lo cual se iniciarán procesos coactivos.

Torres, por su parte, señaló que los cobros se efectuarán a 3.188 deudores de 31 instituciones financieras cerradas por 5.412 operaciones que suman más de $ 4.403 millones. De ese total, 522 deudores recalcularon sus deudas. (I)