Ya desde las 8:00, el discreto traqueteo de las máquinas de coser, los murmullos y las risas de más de 30 mujeres, se encienden en un improvisado taller del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito (CRSFQ).   

Se trata del taller de corte y confección que las reclusas crearon hace 10 años para lograr una variedad de artículos. Allí, hoy, 30 máquinas overlock, pretinadoras, botoneras, bordadoras, entre otras, ayudan a plasmar el trabajo que realizan 25 mujeres que perdieron su libertad, la mayoría por ganar  dinero siendo  “mulas” del narcotráfico.

Una de ellas es Zoraida Vega. De tez blanca, cabello castaño claro y ojos verdes, es una maestra artesana que enseña esta labor al resto de sus compañeras desde hace más de tres años, tiempo de su pena en esta cárcel. “Tengo una experiencia de 35 años  y aquí logré enseñar a personas que no podían usar ni una aguja. Pronto saldré y sueño con ponerme mi negocio”.

Su habilidad con la máquina de coser se evidencia. La mujer, de 53 años, coloca con mucha facilidad  los cierres a los pantalones de tela que forman parte de los 1.442 kits escolares del programa estatal "Hilando el Desarrollo". Las internas realizan por primera vez la confección tipo industrial de 7.400 prendas para los alumnos de 10 escuelas públicas ubicadas en zonas rurales al norte del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha.

La coordinadora del taller es Fanny Espinoza, quien posee 22 años de experiencia en esta rama artesanal. Con una sonrisa retira los hilos de varias blusas y las apila en una mesa. Explica que deben realizar seis modelos distintos por siete tallas.

Agrega que este programa les dio la oportunidad de contar con un trabajo remunerado que les permita aportar económicamente a sus familias. “Estar a cargo de varias tareas es duro, pero el hecho de que todas nos llevemos bien, ayuda a hacerlo rápido”.

En el lugar les acompaña María José Alcívar,  jefa del departamento laboral del CRSFQ, quien explica que para ingresar al taller las reclusas  deben poseer principios básicos de corte y confección. Laboran  desde las 8:00 hasta las 20:00 aproximadamente.

Dice que la mayoría prefiere pasar trabajando en este lugar y no encerradas en su celda.
Susana Escobar, de 44 años, oriunda de Esmeraldas, trabaja en una de las máquinas overlock en la elaboración de bolsillos de los pantalones de varones.

Amena, suelta de palabra, recuerda que cuando ingresó al centro penitenciario, en el 2007, no le gustó la idea de permanecer varias horas sentada frente a una máquina de coser. Sin embargo, cuando se incorporó al taller conoció al resto de sus compañeras y aprendió la labor con un entusiasmo que refrescó sus días de condena. “A medida que vamos confeccionando algo, con base en  las clases que nos han impartido, da gusto y se toma amor al trabajo”.

Mientras recoge su cabello cuenta que a sus tres hijas les elabora varias prendas como blusas y faldas. Además  les envía algo de su dinero, fruto del pago de estas confecciones.

En un extremo del taller  se encuentra  la paraguaya Mercedes Espínola. Con algo de recelo, cuenta que se siente “feliz” al colaborar con sus compañeras en este trabajo. Sus estudios y la capacitación en el área dentro de la cárcel le han permitido crecer como persona, ante la soledad de encontrarse en un país extraño.

Realización

Para la confección de los uniformes se ejecutó un convenio que existe entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Laborales y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) desde el 2008. El monto del contrato es de 33.941,56 dólares. El plan  contempla la implementación de unidades de capacitación y producción en los centros de rehabilitación social (CRS) del país, en las áreas de costura, carpintería y metalmecánica.

El programa, además, se sustenta legalmente en el convenio firmado en junio del 2010 por los ministerios de Justicia, Relaciones Laborales y Educación, para la elaboración de uniformes escolares en los CRS.

El objetivo del convenio es permitir a estas mujeres tener acceso a procesos de contratación pública y recibir una remuneración justa por su trabajo.

Contrato laboral

El pasado 6 de abril, las internas firmaron los contratos de trabajo que legalizan su participación en el proceso de fabricación industrial de uniformes escolares.

Debido a que las personas privadas de la libertad por ley no pueden tener contratos de trabajo, los acuerdos laborales fueron firmados  entre su representante, Mónica Campaña, y Laura Puente y Germán Donoso, delegados de la Fundación de Desarrollo para el Área Textil del Ecuador (Fundetex), que actúa como la empresa contratante.

Alcívar dice que ellas percibirán un pago referencial de acuerdo con el aumento del precio por cada unidad, establecido por el Ministerio de Educación. Para ello, los ministerios de Justicia y Relaciones Laborales se encuentran legalizando la afiliación al Seguro Social de 15 de ellas.

Ximena Suárez, técnica del Ministerio de Justicia, señala que las internas realizaron su trámite a través de un curador, que es una persona que el juez designa para que vele por los derechos de un menor de edad, o un incapaz judicial.

Suárez destaca que en menos de 45 días de fecha tope para la entrega del primer bloque de uniformes, las internas lograron terminar todo, logrando un “excelente” trabajo.

Suárez aclara  que la entrega simbólica del pedido estaba planeada   el pasado 29 de abril, pero autoridades de los Ministerios de Justicia, Relaciones Laborales y de Educación, quienes impulsan el proyecto, no acudieron hasta el CRSFQ por  el gabinete itinerante que se realizó ese día. La entrega está prevista para los próximos días.

En otro espacio de la cárcel, cerca de 10 mujeres se encuentran empaquetando los kits que comprenden  un pantalón, camisa, calentador y camiseta de educación física. Allí, Germán Donoso, presidente de Fundetex, expresa  que, a pesar de la poca experiencia, las internas han demostrado interés en aprender, practicar  y producir.

Este trabajo pretende que en un futuro las mujeres privadas de la libertad que salen al “mundo exterior”, tengan una fuente de ingreso y sea más fácil la inserción a la vida pública. Para la elaboración de la vestimenta se  tomaron en cuenta los parámetros de calidad que establece el Ministerio de Educación; por eso, la tela es de muy buena calidad, así como el trabajo de las internas, que se han enfrentado a una alta exigencia. Este incentivo sirve para que puedan competir con cualquier empresa  textil del país. 

Entrega

Diez escuelas rurales del cantón Puerto Quito, ubicado en la provincia de Pichincha, recibirán los 1.442 kits de uniformes.

Las reclusas entregarán 726 prendas de varones y 716 para mujeres. Cerca de 1.500 niños y jóvenes de edades comprendidas entre 5 y 14 años se beneficiarán por cuarto año consecutivos de la entrega de estos kits escolares.

El director de la Red Escolar Autónoma Rural Nuevo Ecuador, que conforman estas escuelas, Wilson Manzaba, reconoce estar “muy contento” por la colaboración y la entrega anticipada de los uniformes para sus alumnos por parte de las internas.

Indica que las escuelas 22 de octubre, Libertador Simón Bolívar, Río Pitzará, Jardín Garabaritos, José de la Cuadra, Diez de Julio, Nicolás Medina Celi, San Jacinto, Río Blanco y Mariscal Sucre, están ubicadas en zonas rurales al norte del cantón, y han sido beneficiadas por esta iniciativa.

Señala, además, que en los años anteriores se realizaron los contratos con los artesanos de Pichincha y destaca los trabajos de calidad de este sector, pero apunta que la habilidad de las reclusas poco tiene que envidiar a la destreza del artesano popular más ducho...

“Hace 15 días visité la cárcel de mujeres y me sorprendió la capacidad de trabajo”... Piensa que es  explotando los saberes profundos de la gente -que muchas veces pasan inadvertidos- que se logra una verdadera rehabilitación social.