Las recomendaciones acogidas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)  sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) serán puestas a consideración de los cancilleres de los 34 países  miembros para su aprobación  definitiva, en la Asamblea General que se realizará en junio, en Cochabamba, Bolivia.

Así lo informó la representante del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Isabel Salvador, quien descartó que las sugerencias propuestas  apunten a restar autonomía a la CIDH o debilitar  la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

La diplomática  criticó la desinformación de varios medios de comunicación que han advertido sobre una supuesta acción del Gobierno ecuatoriano para debilitar a la CIDH.

“Esto  no tiene un sesgo. La Comisión necesita cambiar muchas cosas con el objetivo de que sea mejor. Nadie está buscando que la Comisión desaparezca o restarle capacidades, lo que quisiéramos es que esas capacidades se ejecuten y se cumplan de mejor manera”, recalcó la funcionaria.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó el miércoles por consenso el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El reporte, que fue respaldado por Ecuador, es el producto de las deliberaciones realizadas en los últimos seis meses por el grupo de trabajo creado para este fin en el seno del Consejo. El documento indicó la necesidad de alcanzar la universalidad del SIDH, asegurar el pleno cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de sus órganos, lograr mayor equilibrio entre la promoción y la protección de todos los derechos, conseguir una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de peticiones y casos, señaló la OEA en un comunicado de prensa.

Una recomendación muy criticada por organizaciones no gubernamentales fue la de distribuir “de manera balanceada” los fondos entre las ocho relatorías de la OEA, porque actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con empleados contratados a tiempo completo, gracias a un presupuesto anual cercano a los $ 900.000 aportado  por fuentes ajenas a la OEA.

Al respecto, el  analista político Simón Pachano expresó que el tema del presupuesto no debe ser sometido a revisión, ya que se debilitaría la operatividad de la CIDH, un organismo que -a su criterio- ha jugado un papel fundamental en América Latina y ha sido  muy importante para denunciar abusos de dictaduras.

Como ejemplo, Pachano mencionó que gran parte de los abusos y crímenes cometidos durante el gobierno del ex presidente peruano Alberto  Fujimori, actualmente condenado a 25 años de prisión, se conocieron gracias a la CIDH.

“El tema de los derechos humanos es fundamental y hay que verlo en una perspectiva de largo alcance”, señaló el analista, tras explicar que el proceso para aprobar las  reformas a la CIDH es complejo y que aún falta que sean revisadas por varias instancias de la OEA.