La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó  que ha presentado una querella contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de ocho vocales del Tribunal Constitucional cesados en sus cargos por el Congreso en 2004.

La CIDH, en su comunicado, calificó el cese como “arbitrario” y apuntó que la resolución del Congreso ecuatoriano “constituyó un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, no previsto ni en la Constitución ni en la ley, y afectó gravemente el principio de independencia judicial”.

Después de que los vocales magistrados fueron cesados en sus cargos el 2 de diciembre de 2004, el Congreso ecuatoriano resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos, sin que se obtuvieran los votos necesarios para adoptar una moción de censura.

La CIDH señaló que, asimismo, “en virtud de una convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del entonces Presidente de la República (Lucio Gutiérrez), el 8 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional procedió a realizar una segunda votación respecto de los juicios políticos decididos en la sesión del 1 de diciembre de 2004, mediante la que se adoptó una moción de censura”.

El caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  el 28 de noviembre de 2011 “porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo”.

En dicho  parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que “las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso”.