Aunque el tema de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) es la “Seguridad alimentaria con soberanía en las Américas”, los estados buscan llevar el debate hacia las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El secretario del organismo regional, José Miguel Insulza, cree que el diálogo sobre las reformas a la CIDH no terminará en la reunión de Cochabamba, Bolivia, sino que continuará por un largo tiempo.

Insulza es partidario de los cambios en el sistema y cree que “se requieren reformas, al menos, en tres sentidos”, según un boletín oficial de la OEA. En primer lugar habla de un “problema de certeza jurídica”, porque “se trata de saber exactamente quién tiene qué derechos y cómo se deben aplicar”.

El segundo punto al que se refiere es a los  procedimientos, sostiene que debe estar claro “qué son urgencias. La norma básica de que el sistema actúa cuando se agotan los procesos internos, ya parece tener un valor muy relativo”.

En el tercer punto afirma que “las soluciones amistosas en diálogo directo con los gobiernos” deben ser tenidas en cuenta.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó su participación en el encuentro, en el que “pondrá en su sitio a cierta burocracia internacional”. Correa viaja  acompañado del canciller Ricardo Patiño.

Sobre el tema central, el canciller boliviano, David Choquehuanca, manifestó, a la prensa de su país, la importancia de la seguridad alimentaria en los países de la región. “No solo se trata de analizar cómo garantizamos la alimentación, sino también de respetar las decisiones que toman nuestros pueblos: qué comer, cómo comer, con qué alimentarse”, puntualizó.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pari, explicó -a las agencias de prensa- que tres tipos de documentos serán analizados y aprobados en el cónclave.

El primero se refiere a la Declaración de Cochabamba sobre seguridad y soberanía alimentaria que fue discutido con anterioridad. El segundo documento tiene que ver con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Interamericana de Mujeres, así como de los problemas marítimos de los países miembros, entre otros. Y el último hace alusión a las 70 resoluciones de la organización, como las planteadas por Bolivia.

Futuro de la CIDH

Los cancilleres analizarán en privado el futuro de la CIDH. El encuentro planificado para el 5 de junio, en el que participará el secretario general del organismo, José Miguel Insulza  versará sobre reformas a la estructura de la comisión que han sido propuestas por Ecuador, Venezuela y otros países.

Venezuela figuró junto con Colombia, Cuba y Honduras, en la “lista negra” del informe anual que la CIDH presentó el pasado 9 de abril sobre los países que no cumplen estándares básicos de derechos humanos, sobre todo, en materia de libertad de expresión.

En el caso de Ecuador, se rechazó que la CIDH haya otorgado medidas cautelares a favor de los directivos de diario El Universo, quienes fueron condenados en un juicio por injurias interpuesto por Correa. La CIDH levantó las medidas en marzo, cuando el Mandatario solicitó la anulación del juicio.

El canciller boliviano también expuso que hay algunos países que cuestionan la presencia de EE.UU. en la CIDH, cuando no participa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Choquehuanca, además, sostuvo que no se descarta revisar la estructura de la misma OEA. Esto debido a que Correa acusó al organismo de ser un “instrumento” de EE.UU., algo que fue negado por Insulza durante su visita a Quito. Sin embargo, la propuesta ecuatoriana es reemplazar a la OEA por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Los movimientos sociales bolivianos también se reunirán para discutir una agenda paralela a la de la OEA. Julián Jala, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, informó a Prensa Latina que cuentan con un proyecto de cinco puntos.

Entre ellos: seguridad alimentaria, cambio climático, integración de  los pueblos, seguridad ciudadana y profundización de la democracia deliberativa y participativa.