El  ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, anunció que hoy irá a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH) para pedir explicaciones sobre  sobre el otorgamiento de las medidas cautelares que se entregaron a los directivos y el ex jefe de opinión de  El Universo en el  juicio que el presidente Rafael Correa siguió en contra del periódico por injurias.

Bajo esa lógica, Marco Albuja, asesor jurídico de la cancillería,  explicó que en la reunión de trabajo, prevista  para mañana en Washington,  el Gobierno  planteará algunas reformas que serán expuestas  por Patiño; la ministra de Justicia, Johana Pesántez; y el procurador general del Estado, Diego García.

Albuja manifestó que la reunión se realizará por pedido de Ecuador con todos los comisionados para explicar la posición del país en torno  a la libertad de expresión. El encuentro será  “para preguntarles por qué se violentaron varias normas reglamentarias en la concesión de las medidas cautelares, a criterio del Estado ecuatoriano”.

Según  Albuja,   cuando  el organismo adoptó  las medidas cautelares -el pasado 21 de febrero-  “se  hizo caso omiso de algunas normas reglamentarias que ellos mismos las pusieron”.

En aquella época, el canciller Patiño cuestionó  que la comunicación de la CIDH  contradecía a la propia Convención y al reglamento del organismo, porque a Ecuador no se le notificó sobre la petición principal que los señores Pérez y Palacio hicieron. El diplomático contó que   la información emitida por la  CIDH, de lo que ellos conocieron,  no fue recibida ni aceptada en gestión y el Estado ecuatoriano no fue  informado de esa solicitud que estaba en trámite.

Albuja comentó que  representantes de 17 países realizaron un   grupo de trabajo que estudió a la Comisión e hizo planteamientos “que ahora al   Estado ecuatoriano le interesa saber si se están ejecutando”. Puso el ejemplo de Brasil,   uno de los países que más cuestiona el financiamiento que recibe la CIDH por parte de  naciones que  no han ratificado su  compromiso en  derechos humanos.  

Entre los requerimientos, el abogado anotó que se plantea saber cuándo  se toma la decisión de establecer las medidas cautelares a favor de un ciudadano y en contra del Estado. Para  ello, señaló que  se debe citar la norma, “es decir, cuál es la base legal para proceder, que se sustente qué derecho está  en peligro, si es un daño  inminente o irreversible. Son preguntas que debe contestar la propia Comisión para conceder una valoración subjetiva de un derecho y sustentar que  está en peligro la libertad de expresión -por ejemplo- y anotar cómo está y por qué está en peligro, así como si el daño  es irremediable, irreparable”.

Albuja sostuvo que “es importante conocer cuál es la valoración que se hace, por qué hay celeridad en algunos casos, en los que se demoran entre  uno y dos días y en otros de 4 a 5 años para otorgar el beneficio”.
Albuja afirmó que el Ecuador “no cree que en este momento tenga que desaparecer el Sistema Interamericano de

Derechos Humanos, pero sí que  es perfectible y que la tendencia es que los Estados presenten sus cuestionamientos y se sienten a conversar para  mejorar”.

Ricaurte no responde

Por su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, ya se encuentra en la capital de Estados Unidos. Él y los directivos del periódico guayaquileño participan de debates, como “El  Sistema Interamericano y la libertad de expresión”,  que se desarrollarán hasta el jueves en la American University,  en Washington.

Este diario intentó conversar con Ricaurte, pero no respondió a las llamadas. Según un boletín de Fundamedios, en la “reunión de trabajo se discutirá la situación de derechos y libertades fundamentales en Ecuador” y estarán presentes defensores de los derechos humanos.