Hace algunos meses, en Costa Rica se presentó una reforma fiscal ante la Asamblea Legislativa. Este es el 11° intento por realizarla, ya que los gobiernos anteriores no consiguieron el suficiente consenso para que fuera aprobada.

El presidente recién electo, Carlos Alvarado, se encuentra en el proceso de convencer a los diputados que salieron victoriosos en la última elección y a la oposición para aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas por la vía rápida. Sin embargo, tanto consumidores asociados como sindicatos laborales y empresarios, han pedido y reclamado en las calles suspender el tratamiento y establecer una mesa de diálogo.

Desde hace algunos años la economía de Costa Rica mantiene un crecimiento sostenido. Entre 2012 y 2017 el PIB creció, en promedio, un 3,6%. Sin embargo durante ese período no se ha logrado revertir el déficit comercial ni el fiscal. Como menciona el Compendio Económico de la República de Costa Rica, el país adoptó un modelo económico “para integrar al país a la economía global” logrando, además de aumentar el PIB, aumentar la proporción de deuda total un 15% en el período mencionado -alcanzando un 65,5% de deuda/PIB en 2017-. (...) La reforma que se pretende aprobar consiste en gravar los salarios mayores a 2,1 millones de colones (la canasta básica es de 47.631 colones), elevar el impuesto a la renta al 15% y cambiar el IVA. La tasa de aplicación de este último impuesto no cambiaría -13%-, sin embargo sería aplicable a todos los bienes y servicios exentos en el esquema actual. El IVA se considera un impuesto regresivo y algunos legisladores propusieron dejar fuera de imposición aquellos bienes considerados de primera necesidad (pero la tasa de estos bienes y de aquellos necesarios para la producción se mantuvo en el proyecto en un 2%). (O)

Lucia Converti

Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires.