Con asombro y preocupación, la mayoría de ciudadanos del país observó  la millonaria campaña que llevó adelante  la Asociación de Bancos Privados, para evitar que el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social sea aprobado. En una actitud de menosprecio a la inteligencia de los ciudadanos,  trataron de  infundir  pánico en los mismos; coincidentemente, hoy, que hay un banquero candidato, están tratando de fijar en el inconsciente  colectivo la idea de una  banca  “justa y magnánima” que defiende  los intereses de los  ciudadanos, presuntamente  amenazados de aprobarse dicha ley.  

Claro está, no podía esperarse otra respuesta de quienes históricamente se han pronunciado en contra de leyes, resoluciones o decretos que, a su juicio, lesionen sus intereses. Para muestra, que los ciudadanos recuerden la millonaria y agresiva campaña que emprendieron hace cinco años para evitar que se apruebe la Ley de Justicia Financiera, cuyo propósito, entre otros, era: la eliminación de las escandalosas tasas de servicios bancarios, la regulación y baja de las leoninas tasas de interés, la salida de de los banqueros de la Junta Bancaria, etc.
Este tipo de campañas deja en evidencia su soberbia, pues se sienten intocables, no aceptan que el país deje de ser su rehén ni que sus extremadamente ambiciosos y mezquinos intereses dejen de estar sobre los intereses colectivos;  por ello es imperdonable y a todas luces condenable el que con su campaña en contra de la Ley Orgánica de Redistribución Financiera pretendan causar un pánico financiero.

Que no digan que no sabían a dónde  querían llegar con esta irresponsable campaña. Fue evidente su propósito de  desestabilizar al Gobierno Nacional y lesionar en esta época electoral la imagen del presidente Correa, sin reparar en el hecho de que una corrida bancaria reeditaría los aciagos días de la dolarización,  bancos quebrados por sus malos manejos, gerentes paseando libres su impunidad y miles de ciudadanos emigrando o soportando en el país las consecuencias del asalto financiero al que fueron sometidos.

Sin ningún rubor han declarado que en las actividades de la banca privada el Gobierno no tiene derecho a observar,  peor regular las escandalosas remuneraciones de sus gerentes y altos directivos,  frente a las exiguas remuneraciones  de sus empleados, argumentando que en otros sectores de la economía hay gerentes que perciben mayores remuneraciones, sin embargo, lo que no dicen es que la banca no es una actividad para producir bienes, sino un servicio público encargado de administrar el dinero de sus clientes, delicada actividad en la que debe primar un sentido claro de lo justo, pues caso contrario, si lo entienden como un negocio, las instituciones financieras dejan de ser un servicio para transformarse en el  más vil de los negocios: la usura.

Regular, controlar, supervisar las actividades bancarias no solo es una necesidad, es un imperativo legal y moral en cualquier sociedad   para evitar que, en ausencia de reglas claras,  estas instituciones y las personas que las administran se sientan intocables y  cometan toda clase de abusos. 

Víctor Hugo Jaramillo Garcés