A inicios del año 2000 entre los meses de enero y abril en la hermana República de Bolivia se suscitaron hechos que cambiaron la perspectiva a nivel mundial sobre el uso y tenencia del agua para los seres humanos, y lo más importante, como el capital puede transgredir las más elementales lógicas del buen vivir y el respeto al otro, en septiembre de 1993 varias multinacionales americanas y europeas firmaron un contrato con Banzer, antiguo dictador de Bolivia, y en ese entonces “presidente”, donde se privatizaba el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Cochabamba, la tercera más poblada de la patria plurinacional de Bolivia.

Al poco tiempo los precios del agua subieron y existía menos cochabambeños que podían acceder al servicio privatizado de “suministro de agua potable”; todos estos abusos culminaron en las protestas de la guerra del agua de 2000, mostrando al mundo un nuevo contexto político, social y económico sobre el H2O. La presión social obligo al gobierno nefasto de Banzer a rescindir el contrato con las multinacionales, considerándose un hecho histórico de resistencian social a nivel de nuestra Patria Grande y del mundo.

Con la llegada de los gobiernos progresistas a Latinoamérica (Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros), el concepto de privatización de los recursos hídricos, gracias a Dios, se vino abajo, y se inició una agresiva concienciación democrática. El postulado es que los recursos hídricos son de todos y de cada uno de los ciudadanos del mundo, y de manera especial de los habitantes territoriales a los cuales corresponde este recurso. Se entendió que este tema de ninguna manera podría ser un negocio más del capital o del sistema, y por el contrario se dibujó en el imaginario político social que es un derecho tan análogo como el derecho a la vida o la libertad. En nuestro país y por intermedio de la Revolución Ciudadana, el concepto de la democratización del recurso hídrico se está cumpliendo a cabalidad: por mandato constitucional se realiza una consulta pre legislativa sobre el proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua donde básicamente se reconoce y garantiza el derecho humano al agua, el mismo que es irrenunciable, así como también que el H2O es patrimonio nacional inalienable, imprescriptible e inembargable.

El debate, la construcción desde las bases y el aporte de los conglomerados sociales son de suma importancia dentro de este proceso legislativo de consulta para construir una ley adecuada y que reconozca nuestros derechos como ciudadanos. Cabe recalcar que este proceso consultivo de vanguardia, si no me equivoco, es único en el mundo y por ende el primero.

En todo caso, bien por nuestro país y por nuestro Gobierno, y claro, bien por nuestra Latinoamérica que lucha con sus gobiernos progresistas por un derecho al agua para todos y de todos.

Pablo Manuel Benítez Bermeo