Guayaquil, 3 de enero de 2012
Señor Director Lic. Edwin Ulloa
Director de El Telégrafo

Año complicado, políticamente hablando, se viene para el 2012. A pesar de que sectores de oposición ya llevan -de manera estéril- más de dos años de campaña electoral, el 2012 traerá consigo una arremetida de grupos económicos que ven cómo sus privilegios de a poco se van terminando en el país.

Empezamos con los propios medios de comunicación privados. Sí, los grandes “periodistas” incrementarán las páginas en la prensa, los espacios en televisión y sus “twitts” en referencia a la aprobación de la Ley de Comunicación, una norma que lleva más de tres años de atraso una vez que la Asamblea Constituyente en Montecristi y la posterior Carta Política aprobada por la mayoría de ecuatorianos en las urnas ordenaban que se elabore de manera urgente, sin dilaciones y en un plazo máximo de un año -es decir que debió estar en 2009-, una ley que regule el trabajo comunicacional en el Ecuador.

Pero de eso nada en la Asamblea Nacional. Como si no fuera suficiente, el 7 de mayo de 2011, más del 60% de ecuatorianos exigió -no recomendó-  que se redacte esa normativa. Han pasado más de siete meses y aún el debate está estancado y marcado por una multimillonaria campaña por parte de medios de comunicación, figuras de la oposición y, cómo no, grupos económicos de poder. Pero el tema legislativo no será lo único que dará de qué hablar en el año que estamos empezando.

El 2012 también traerá consigo definiciones en varias de las demandas interpuestas por funcionarios, entre ellos el presidente de la República, Rafael Correa, en contra de medios y comunicadores que han tratado de manchar  su honra a través de reportajes o editoriales.

Este tema -que a muchos ocasiona urticarias,  problemas nerviosos y hasta estomacales- es ineludible en esta sociedad. Lamentablemente, uno de los oficios más dignos y fundamentales de la sociedad -el periodismo- ha sido mancillado por un tropel de personas que creen que escribir en un diario o salir en pantalla en los noticieros les da la potestad de hacer y deshacer sobre el honor de las personas. Muchos se escudan en que las personas agraviadas “deben aguantárselas” porque son  “figuras públicas”.

¿Es que acaso  esas personas no tienen una madre, un padre, hermanos, esposo/as o hijos que sufren por lo que se dice en los medios, sin una prueba contundente? ¿Es justo, acaso, que alguien deba aceptar ser llamado “asesino de lesa humanidad” o “matón” por los caprichos de una “línea editorial”? No lo creo, y espero que la justicia tampoco lo crea.

Vicente Páez
Guayaquil