Emitir un fallo por escrito después de meses y años es una gravísima falta que se sanciona con destitución.

Desde enero hasta el 22 de julio se restituyeron 53 funcionarios a sus puestos de trabajo; además se pagaron 11 compensaciones económicas, que significaron $ 1,5 millones. Control disciplinario tiene 644 expedientes por resolver.

El Defensor del Pueblo analizó los temas que no se han solucionado a pesar de la declaratoria de emergencia. A su criterio, la falta de infraestructura es lo más complejo.

Hoy se inicia la audiencia de apelación a la sentencia de A.M. y el 12 de septiembre se efectuará la diligencia preparatoria de juicio contra Christian G. alias “Careniña”.