Faltan 15 días para que culmine el estado de excepción en los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social del país. Aunque el plazo no termina, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, adelantó una evaluación sobre esta declaratoria.

El funcionario consideró que ni en los primeros 60 días de la medida, mucho menos en la extensión del decreto, se controlaron y erradicaron los problemas derivados de la crisis carcelaria.

Según Carrión, durante este tiempo solo se tomaron medidas desde el aspecto de la seguridad, con la implementación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con los controles dentro de los centros penitenciarios, operativos y allanamientos; pero no se adoptaron mecanismos para alcanzar una efectiva rehabilitación para los presos.

La Defensoría, al formar parte del directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, emite informes periódicos alertando sobre los problemas recurrentes en los centros penitenciarios.

En esa línea, Carrión propuso la construcción de pabellones o habilitación de cárceles que se encuentran cerradas como, por ejemplo, el antiguo expenal García Moreno. A criterio del funcionario, otra de las razones del hacinamiento se originó con la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incorporó nuevas figuras delictivas y estableció penas de hasta 40 años.

El indulto
El funcionario se refirió al tema del indulto. Es decir, la facultad del Ejecutivo para condonar una pena en casos excepcionales.

Carrión analizó la propuesta del asambleísta Byron Suquilanda, quien elaboró un documento para exhortar al presidente Lenín Moreno a que conceda el indulto a 21 personas sentenciadas por contrabando de combustibles.

Reiteró que es importante analizar para qué tipo de delitos se pide el indulto y qué se tomará en cuenta cuando se trate de personas de baja peligrosidad.

Suquilanda llamó a Ernesto Pazmiño y Edmundo Moncayo,  anterior y actual directores del Servicio Nacional Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para que traten el indulto como una forma de liberar un poco el hacinamiento en las cárceles.

La repatriación de los extranjeros que pagan una pena en el país es otra alternativa que planteó Carrión.

De acuerdo con estimaciones de la Defensoría, 4.000 personas viven en esa condición. Entre ellos, 2.000 colombianos, 1.000 venezolanos y 800 peruanos que podrían repatriarse a sus países.

Modelo carcelario
Una de las medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia fue la capacitación de los guías. Y eso lo cumplieron las autoridades del SNAI.

“Para tener éxito en el modelo carcelario se requiere de un cuerpo de Agentes de Seguridad correctamente preparado  y con dotación especializada”, sostuvo Edmundo Moncayo, director del SNAI, en una entrevista con la Cadena Radial América.

Aseguró que 1.500 guías de todo el país fueron capacitados a través de videoconferencia y mediante un trabajo en conjunto se busca optimizar su formación.

Moncayo hizo un llamado a jóvenes bachilleres interesados en formar parte del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. “Buscamos incorporar a hombres y mujeres comprometidos a fomentar una adecuada rehabilitación social en nuestro país”. (I)