Las denuncias de 770 exfuncionarios judiciales destituidos de sus cargos fueron receptadas por la Mesa de la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio, presidida por Marcelo Merlo. Este informe no lo presentó.

Esas denuncias no solo se quedaron ahí, las instancias constitucionales también las conocieron y resolvieron.

Ahora el actual Consejo de la Judicatura, presidido por María del Carmen Maldonado, atiende las restituciones de los servidores y sus compensaciones económicas.

Según la Judicatura,  hasta el 22 de julio de este año regresaron a sus puestos de trabajo 53 funcionarios judiciales. De ellos, a 11 les pagaron compensaciones económicas. Eso significó para el CJ desembolsar $ 1,5 millones.

Esto perjudica el presupuesto económico de la institución, confirmó el vocal del CJ, Fausto Murillo Fierro, encargado de Control Disciplinario y Patrocinio.

“En este caso tenemos presente dos situaciones: el funcionario con nombramiento provisional que ocupó el cargo del cesado. Y el servidor judicial, que por una decisión favorable, se reintegra a su puesto de trabajo y recibe una compensación económica desde el momento que fue separado”, explicó Murillo.

Por eso es que el error inexcusable acarrea consecuencias, manifestó.

El abogado Hernán Ulloa, alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recordó que representó a nivel nacional a todos los funcionarios judiciales destituidos con la errónea figura del error inexcusable en el período de Gustavo Jalkh.

Ganaron la contienda, cuando el Consejo Transitorio ordenó la destitución anticipada de Jalkh y sus demás vocales. A través de acciones constitucionales, algunos lograron regresar a sus cargos.

Destituciones de jueces
Pero las destituciones de jueces continúan. De enero al 22 de julio fueron cesados 47 funcionarios de la Función Judicial a nivel nacional.

De ese número, 22 corresponden a jueces y cuatro a fiscales del país.

Murillo recordó que heredaron del CJ Transitorio 584 expedientes, muchos de ellos a punto de prescribir, y a esos les dieron prioridad.

A estos se suman los 564 expedientes ingresados durante su período, dijo.

Aseguró que hasta el 22 de  julio resolvieron 505 casos. De ellos, 101 servidores judiciales fueron sancionados,  entre quienes hay 47 destituidos. Solo en Guayas  cesaron a siete: tres jueces,  tres secretarios y un técnico de ventanilla. En 195 casos se ratificó el estado de inocencia de los judiciales, agregó. Están pendientes 644 casos.

Para la abogada Mónica Valarezo, la destitución de jueces y fiscales perjudica al sistema judicial, porque atrasa la justicia.  Pero si hay una corrupción comprobada es aceptable. (I)