Tras recabar durante meses datos sobre la situación de las mujeres en el mundo, la ONU concluyó que, a menos que hagan un esprint final, los Estados no podrán cumplir su palabra a la hora de acabar con la desigualdad de género.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, presentó el informe ‘Convirtiendo promesas en acción’, que evalúa en clave de género los compromisos que los Estados adquirieron en la Agenda 2030.

Este texto, que recoge una serie de metas para conseguir la paz, la igualdad y la sostenibilidad, fija que para ese año se eliminará la trata de mujeres y la mutilación genital femenina y se protejan los derechos sexuales y reproductivos de esta población.

La agenda contempla que se reformen las leyes que discriminan a las mujeres, como las que permiten que los hombres prohíban a sus esposas trabajar fuera de casa, o las que a la hora de heredar contemplan distintos derechos en función del género.

“El mundo entero se comprometió a no dejar a nadie atrás, pero los nuevos datos del informe indican que a menos que se acelere el progreso en igualdad de género, la comunidad internacional no podrá cumplir con su palabra”, advirtió Mlambo-Ngcuka, quien dijo que el informe debía ser tomado como una “llamada a la acción”.

Los datos son preocupantes y los objetivos están lejos de alcanzarse. La directora  subrayó que cada año 300.000 féminas mueren por complicaciones del parto y la reducción de la tasa de mortalidad es “lenta”.

En los 89 países en desarrollo que la ONU estudió, 330 millones de mujeres y niñas viven en la pobreza, que azota especialmente a las féminas en edad reproductiva, ya que por cada 100 hombres de esa franja de edad que viven con menos de $ 1,90 al día, hay 122 de ellas, una cifra que se dispara hasta las 132 en Latinoamérica.

Mlambo-Ngcuka agradeció a las que, a raíz del movimiento feminista #MeToo, denunciaron los abusos sexuales que han sufrido por haber permitido “que todo el mundo vea lo prevalente que es el acoso sexual”.

El informe revela que una de cada cinco mujeres y niñas de entre 15 y 49 años ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año y 200 millones han padecido mutilación genital.

El documento subraya hasta qué punto la violencia que sufren está condicionada por su clase social.

Por ejemplo, una niña que nace en un hogar pobre y es forzada a un matrimonio precoz, tiene más probabilidades de abandonar la escuela, dar a luz a una edad temprana, fallecer a causa del parto y ser víctima de violencia de género que otra que proviene de un hogar con mayores ingresos y se casa más tarde.

Los indicadores tampoco son halagüeños en cuanto a la brecha salarial, que es de 23% y que, si nada cambia, no se revertirá hasta el 2086, una desigualdad que explica que ellas solo ocupen  24% de los cargos políticos y 29% de puestos de investigación.

La máxima responsable de ONU Mujeres quiso ir más allá de los malos augurios y sugirió a los Estados algunas recetas, como por ejemplo, que construyan una red de escuelas infantiles gratuitas que les permitan reducir el tiempo que invierten en los trabajos domésticos e incorporarse al mercado laboral.

La ONU se tomó en serio esta propuesta y llevó a cabo una prospección de cómo sería llevarla a cabo en Uruguay y concluyó que la inversión en guarderías podría autofinanciarse con nuevos empleos de las mujeres e ingresos fiscales suplementarios. El país debería invertir 2,8 % de su PIB en construir esta red que escolarise a los de 0 a 5 años. (I)