El informe para segundo debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía recoge las infracciones y sanciones administrativas que recibirían los propietarios, comerciantes, albergues y público en general que no cumplan con la normativa: otorgar bienestar animal.

Un argumento expuesto en este documento detalla que los animales son seres vivos que por su naturaleza y capacidad de sentir y sufrir, deben ser protegidos y tratados con respeto por los seres humanos. Además consta que en Ecuador no existe un cuerpo legal que recoja los principios de protección y defensa de los animales domésticos.

Rolando Panchana, ponente de este proyecto y presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, se refirió a la necesidad de establecer una normativa global en el país, ya que al momento solo algunos municipios se hacen cargo.
“Consideramos que es deber del Estado, a nivel del Gobierno, coordinar acciones de protección para animales domésticos y de compañía. Desde el primer al segundo informe que hemos presentado ocurrieron algunos hechos”, dijo refiriéndose al caso de la “desaparición” de los canes en la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena.

Lorena Bellolio, presidenta de la organización Protección Animal Ecuador (PAE), sostuvo que matar animales callejeros talvez podría producir su explosión demográfica. “Suelen ser gregarios y les gusta armar manadas, esa es su forma de vivir. Hay un macho alfa que los dirige según su instinto. Cuando comienzan a desaparecer los miembros de la manada, intuyen que tienen que reproducirse, lo que incide en el incremento de animales callejeros”, explicó la activista.   

El informe del proyecto de ley detalla las infracciones leves, graves y muy graves que  asegurarían el cumplimiento de esta normativa. En el primer grupo consta la compraventa de animales domésticos y de compañía en establecimientos no autorizados; también, no informar a las autoridades o entidades colaboradoras que un animal de compañía requiere ayuda.

Además, si un propietario no ha inscrito al animal en el registro del gobierno municipal respectivo para obtener el certificado sanitario anual sería sancionado con multas desde el 50% hasta el 100% de una remuneración básica.      

El proyecto establece como sanción grave sacar perros considerados no mascotas (pitbull, rottweiler, doberman) a espacios públicos sin bozal; no auxiliar a un animal doméstico cuando fuera atropellado; no proporcionar atención médica veterinaria por lo menos una vez al año y otros parámetros más. Esta multa equivaldría a entre una y dos remuneraciones básicas.    

Mientras tanto, las sanciones muy graves consisten en utilizar a los animales en   pornografía y la realización de experimentos científicos no permitidos por la ley. En este caso el valor a pagar será de dos a cinco remuneraciones básicas.      

Otra de las propuestas radica en el desarrollo de un censo para el registro e identificación de los caninos y felinos.                 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y regímenes especiales tendrían como responsabilidad  los censos de las especies caninas y felinas de sus jurisdicciones, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). “Será facultativo de los gobiernos locales realizar censos de otras especies de animales domésticos y de compañía”, establece el artículo 14 de este proyecto.

Panchana reafirmó la necesidad de contar con una base de datos para proceder con varios tipos de actividades. “Tenemos que partir de una información veraz y elemental para establecer la cantidad de animales domésticos y de compañía que existen en cada cantón. Esto tiene que hacerse a través de un proceso de identificación inviolable para obtener información fidedigna a corto, mediano y largo plazo”, reiteró.

Mientras que para la identificación en los perros y gatos registrados se les implementaría un microchip subcutáneo. En cada ficha debería consta nombre, domicilio y teléfono del propietario, y el número de registro otorgado por el gobierno municipal respectivo.

En Guayaquil, la Prefectura de Guayas tomó en cuenta la importancia del cuidado de los animales urbanos, por lo que creó en septiembre de 2012 la Unidad de Rescate Animal (URA). “Antes de esa fecha ya realizábamos esterilizaciones a perros y gatos que las organizaciones animalistas encontraban abandonados en las calles y que nos los traían. Al ver nuestro esfuerzo, el Gobierno Provincial decidió ayudarnos creando la Unidad y entregándonos una camioneta”, expresó Javier Íñiguez, veterinario a cargo de esta entidad.

El profesional explicó que la URA trabaja con la veterinaria Chinfield, y la Agropecuaria Gallito (ambas del sector del Parque Chile), para ayudar entre las primeras 24 y 48 horas  que reciben la llamada de auxilio.

Puso de ejemplos a una perra que fue abandonada con sus crías en una zanja, o una gata que presentaba quemaduras en su piel. “En nuestros recorridos hemos encontrado burros deambulando a los costados de las carreteras, o en una urbanización hallamos a una yegua con una de sus pezuñas lastimadas. Cuando se preguntó al dueño por el animal, éste negó que fuera suyo por temor a que se le cobrara una multa”, indicó Íñiguez, quien insiste en que el principal responsable del animal o mascota es su propietario.