La Universidad Central del Ecuador (UCE) fue una de las primeras instituciones de educación superior que adoptó el  protocolo para la prevención, atención y sanción en casos de violencia sexual y de género.

Lo hizo en diciembre de 2017. Desde esa fecha hasta hoy ha destituido a 10 docentes por conducta incorrecta.

El último martes, el Honorable Consejo Universitario de la UCE decidió la suspensión definitiva de un profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por incurrir en faltas establecidas en el Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El literal b habla de sanciones por alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar la moral y las buenas costumbres.

Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario de la UCE, afirmó que desde la vigencia del protocolo las estudiantes presentan más denuncias. “En promedio tratamos de que la investigación se resuelva en una semana para que el Consejo Universitario pueda tomar decisiones en las sesiones que desarrolla habitualmente cada martes”.

El protocolo permite iniciar de inmediato las investigaciones con tan solo una denuncia, la que se mantiene en total reserva hasta la asistencia a la comisión disciplinaria donde puede o no ir la estudiante acompañada de un abogado que la misma universidad (en colaboración con organismos defensores de mujeres) le facilita en caso de que no tengan uno propio. “Lo que se busca es no revictimizar a quien ya ha sufrido algún tipo de vulneración”. Cuando se comprueba el acoso o abuso sexual, la UCE presenta además la denuncia en Fiscalía. Todas las universidades cuentan con este instrumento de actuación.

La psicóloga y docente de la Universidad Politécnica Salesiana, Paz Guarderas, coordinó el año pasado una investigación sobre el tema y aclaró que el acoso sexual es una práctica asociada a la violencia de género y es un mecanismo para mantener el control de la sexualidad sobre los cuerpos de las mujeres, principalmente. (I).  et