“Fui violada y estoy embarazada ¿les parece justo? Tengo 12 años y desde los 9  mi padre tiene relaciones sexuales conmigo.   Era el hijo de mi padre,  a la vez mi hijo y mi hermano. Yo no lo quería tener…”.

Ese fue el testimonio de una niña que conoció Virginia Gómez -representante del Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos-, y que lo compartió   con el  pleno de la Asamblea. Junto a ella, miembros  de 41 agrupaciones presentaron sus observaciones a la propuesta del Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en debate. 

Gómez se mostró complacida luego de que la Comisión de Justicia  incluyera en esta norma despenalizar el aborto en caso de violación. 

Según el Programa Nacional de la Erradicación de Violencia de Género, el 21% de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos ha sufrido abuso sexual.  En 2010, la Fiscalía registró un promedio de 157 denuncias mensuales por violencia sexual. “La mujer  tiene derecho a decidir si  interrumpe su embarazo. Es incoherente que en el Ecuador se las obligue  a tener el hijo de un violador”, aseguró Gómez.   

Otra tema que se encuentra en debate es la tipificación del femicidio como  figura penal autónoma. “No hay figura penal que permita atender  esta muerte de las mujeres”, expresó Tatiana Ortiz, directora Ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), en  Guayaquil.

Ortiz definió al femicidio como la muerte o asesinato a una mujer “en manos de su conviviente o de un agresor que pretende  recibir favores sexuales”.   

Las cifras son alarmantes. En el Ecuador hubo 79.090 denuncias de violencia intrafamiliar en las Comisarías de la Mujer, durante 2010, de ellas 19.755 se receptaron en Guayaquil. Solo en enero y octubre de 2011, la cifra de denuncias en la ciudad en mención  es de 14.337.   

Para Ortiz, lo más preocupante no solo es  que está inmersa la relación de poder entre el agresor o el asesino y la mujer, sino también el desenlace tan violento. “Estas muertes se dan con mucha alevosía, cizaña, crueldad. Todos hemos seguido las noticias y las formas en que las mujeres son asesinadas es intolerable”.  

La representante de Cepam reiteró que el interés de las agrupaciones es que se tipifiquen los asesinatos bajo esas condiciones. “No nos corresponde  decir cuántos años, cuántas penas. Eso concierne a la Comisión de Justicia de la Asamblea”, señaló,  y agregó que lo primordial es  que “las muertes no queden en la impunidad y que se hagan visibles  estos asesinatos”.

La tercera observación fue presentada por una comitiva de la provincia del Azuay.

A través de una videoconferencia, alrededor de 20 mujeres manifestaron su descontento con la derogatoria de la Ley 103.  

Sandra Peñaherrera, representante de Cuenca, aseguró que de aprobarse el Código Orgánico Penal Integral, la norma entraría “en retroceso”. “Con eso se eliminarían las boletas de auxilio o amparo y  estaríamos supeditadas a lo que diga un fiscal”, señaló. En ese contexto, Peñaherrera solicitó al pleno que si se llega a mantener el texto actual debe sostenerse la Ley 103 “para no dejar a las mujeres en la indefensión”.   

Alexandra Ayala Marín, en un artículo de opinión titulado  “Alerta Roja Mujeres”, explica las consecuencias de eliminar la ley  103, que ayudó  a sacar el problema del ámbito privado y a remediarlo “en algo”.